Por Gabriela Moreno – Panampost.com
La extrema izquierda peruana está quedando huérfana con el fallo del Sexto Juzgado Penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios públicos de Junín que impuso una condena de cuatro años de prisión efectiva al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras comprobar colusión en el contrato para la construcción del aeródromo Wanka durante su mandato regional en 2011.
La instancia a cargo del magistrado Guido Arroyo sentenció a Cerrón por no haber considerado el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la licitación del proyecto y le impuso una multa de 2 millones de soles, monto equivalente a 520.000 dólares.
Además, Cerrón estará inhabilitado para optar a cargos públicos, no podrá salir del país y tendrá que presentarse ante el Ministerio Público cada semana, mientras una segunda instancia confirma el fallo establecido por el juez Arroyo. La sentencia también recae sobre otros dirigentes de Perú Libre: Aldrín Zárate, quien fungía como gerente de Desarrollo Económico de Cerrón; Mercedes Carrión, exjefa de asesoría jurídica y Luis Arauco, exdirector regional de Transportes.
Otros incluidos son Serafín Blanco, Luis García y Nataly de la Vega en calidad de cómplices contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado y el Gobierno Regional de Junín. Con la condena a Vladímir Cerrón y otros dirigentes de su partido así como con la detención del expresidente Pedro Castillo por intentar perpetrar un golpe de Estado alterando el orden constitucional e institucional, se desmorona la izquierda peruana que había intentado resurgir con Perú Libre, el partido abiertamente marxista que llevó al poder a Castillo con Cerrón como su mentor para ese entonces.
Un sector atomizado
«La izquierda de Perú está bastante atomizada, y tiene así bastante tiempo, y las manifestaciones de su radicalización varían», señala el abogado, consultor político y director del Grupo Fides, Jeffrey Radzinsky, en declaración ofrecida a PanAm Post.
Desde Lima, el experto precisa que «en el país existe una manifestación parlamentaria que originalmente estaba concentrada en el partido Perú Libre, pero eso rápidamente se fracturó porque un grupo está alineado con el expresidente Pedro Castillo, otro con los maestros y otro más orgánico con el partido».
Radzinsky considera esta distorsión y dispersión como un signo evidente de la debilidad de los liderazgos en la izquierda peruana como consecuencia no sólo de los líos judiciales y penales sino de la incapacidad para aglutinar a sus simpatizantes porque «los triunfos de la izquierda en las elecciones regionales y municipales los gestaron organizaciones locales, con caudillos muy particulares y acotados a sus sectores».
¿Qué tanto logra capitalizar la derecha con este escenario? «De alguna manera aprovecha al presidir la mesa directiva del Congreso, pero es poco porque tampoco tiene rasgos sólidos y está muy fragmentada», responde el consultor, quien cree que «la izquierda y la derecha en Perú comparten fuertemente el conservadurismo. La derecha es muy conservadora y los liberales tienen un espacio reducido y la izquierda también es muy conservadora y los progresistas tienen un espacio reducido».
Vacío histórico que favorece a Boluarte
A la presidente Dina Boluarte, quien ascendió al poder luego del autogolpe de Castillo el pasado 7 de diciembre, le favorece la falta de liderazgos izquierdista.
Si bien Boluarte pertenecía al tren Ejecutivo del exmandatario, carece de piso político en el Congreso por no contar con una bancada partidista.
Sin embargo, «hoy los parlamentarios de izquierda no son suficientes como para forzar una vacancia, no tiene los votos suficientes, pero sí para volverlo un punto de la agenda e iniciar un trámite al cual podrían plegarse otras bancadas que no son de izquierda pero les convendría respaldar la salida de una presidente que tienen muy baja aprobación en medio de una conflictividad social que está muy fuerte».
Un termómetro político
La marcha convocada para este jueves 9 de febrero servirá como un nuevo termómetro de la tensión ciudadana que ya suma dos meses y podría repercutir en la votación a favor o en contra de Dina Boluarte en el Congreso.
Aunque detrás de la movilización están el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Radzinsky resalta que «entre las organizaciones y el parlamento hay puntos de contacto2.
Los vínculos son probables, cuando a través de sus redes sociales, el SUTEP, anuncia que exigirá la consulta sobre una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, alegando que «es hora de una salida política pronta: adelanto de elecciones generales y referéndum constitucional». Son las mismas peticiones de la izquierda en el parlamento. ¿Casualidad? En política no existe.
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