Por Gabriela Montero – Panampost
Después de un año de controversias, la denominada “Ley Trans”, cuyo nombre real es la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, propuesta por la ministra de igualdad del gobierno español, Irene Montero, entrará en vigencia. Con 191 votos a favor en el Congreso, 60 votos en contra y 91 abstenciones, la normativa será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La aprobación ocurrió “contra todo pronóstico”, considerando la naturaleza de la propuesta que permite cosas como cambiar de sexo, volver al original y luego solicitar una nueva rectificación, en un plazo de 24 meses, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos. En la legislación también se incluyen a menores a partir de 16 años, quienes tampoco requerirán consentimiento de sus padres.
La particularidad que también quedó en evidencia respecto de la «ley trans», es que tiene detractores dentro el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el feminismo. La votación en el Congreso lo demostró. La diputada del PSOE promotora del feminismo, Carmen Calvo, rompió con la disciplina de voto de su bancada absteniéndose -como lo hizo cuando se votó el texto en diciembre- mientras que la legisladora socialista, Susanna Moll, votó “no” sin dudar.
Un discurso con debilidades
Montero prefiere considerar la sanción de la Ley Trans como “un paso de gigante” y culpar de «transfobia» a quienes cuestionaron el proyecto.
De esa forma, intenta posicionar su logro en medio de las críticas que enfrenta por el impacto judicial de su Ley sí es sí que terminó favoreciendo a los detenidos por delitos sexuales al reducirles sus penas.
En sólo cinco meses de vigencia más de 500 condenados se han beneficiado con la rebaja de penas, uno de los últimos, Daniel Padial, un depredador sexual reincidente que tiene en su expediente con 17 agresiones cometidas contra mujeres.
La Audiencia Provincial de Lleida ya emitió la orden que le permitirá a Padial salir de la prisión de la prisión de Ponent al resultar beneficiado con la aplicación de la normativa de la alta funcionaria perteneciente al partido izquierdista Podemos, que redujo su pena de 15 años a nueve años y medio a pesar de que los Servicios Penitenciarios alertaron que no está rehabilitado.
Un remake judicial
Desde el Partido Popular alertan que la Ley Trans se convertirá en un «remake de la ley del solo sí es sí», así lo advirtió la portavoz de la tolda en el debate, María Jesús Moro. Esta posición difundida por ABC, la comparte Ciudadanos, organización que considera que el ministerio de Igualdad no ha sido capaz de establecer una legislación amplia sino una inseguridad jurídica.
«Tenemos el convencimiento sincero y honesto de lo dañina que puede ser esta ley, que no traerá más derechos, sino más sufrimiento, destrozará para siempre la vida de muchos niños y adolescentes de muchas familias» agregó la diputada de Vox, María Ruiz.
Es muy probable. La Ley Trans de Montero establece la posibilidad de cambiar el sexo en el Registro Civil para todos los mayores de 16 años sin necesidad de requisitos más allá de la voluntad de la persona mientras que quienes tengan entre 14 y 16 años podrán hacerlo con el consentimiento de sus padres o tutores legales. En el caso de que este no exista, apunta la norma, se nombrará a un defensor judicial que asista al menor en el proceso.
También necesitarán autorización judicial para cambiar su sexo los niños de entre 12 y 14 años. Los menores de 12 no podrán cambiar su sexo registral, pero sí su nombre «por razones de identidad sexual». En el colegio, cita la ley, deberán «obtener un trato conforme a su identidad en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito educativo».
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