Se agudizan las fracturas en el Gobierno de Boric tras la crisis de seguridad en Chile

Fuente: La Gaceta de la Iberoesfera

El problema de la seguridad pública en Chile alcanzó su punto cúlmine, pues en solo tres semanas el país vio como tres carabineros fueron asesinados en pleno ejercicio de sus funciones, producto de la violencia asociada al narcotráfico y la delincuencia. Por ello, el Congreso suspendió su agenda legislativa para discutir distintas iniciativas en esta materia, destacando la aprobación de la ley Nain-Retamal, la que complicó y terminó por fracturar internamente al Gobierno, ya que algunas voces del oficialismo se opusieron a su aprobación mientras que otras la promovieron. En definitiva, el gobierno del presidente Boric quedó en jaque y demostró cómo ha comenzado a desmoronarse. 

Lamentablemente, durante las últimas semanas, se sumaron tres mártires a la institución de Carabineros de Chile —que a la fecha suman 1.233 casos—: Alex Salazar, cabo primero, murió el pasado 14 de marzo tras ser atropellado por un delincuente, en el contexto de una fiscalización a una botillería. Luego, la noche del 26 de marzo, la sargento Rita Olivares sufrió un impacto de bala en su cabeza por parte de un delincuente tras un procedimiento de un robo, falleciendo de manera inmediata. Y, el 6 de abril, el cabo primero, Daniel Palma, también fue cobardemente asesinado por un disparo en su rostro tras un procedimiento policial.

Por estos lamentables hechos, sumado a que los distintos sondeos ya venían develando que la seguridad pública se ha instalado como la principal urgencia de los chilenos, el Congreso se abocó en la última semana de marzo y la primera de abril a legislar en torno a esta materia.

Por lo anterior, el Congreso logró aprobar la ley N° 21.560, conocida también como ley Naim-Retamal, que fue promulgada el pasado jueves y publicada en el Diario Oficial el lunes 10 de abril. Conmemora el apellido de dos carabineros –Eugenio Naín y Carlos Retamal– que también murieron producto de emboscadas por parte de terroristas y delincuentes. El cabo segundo Naín falleció producto de un impacto de bala en el contexto del “conflicto mapuche” el 30 de octubre de 2020, mientras que el sargento segundo Retamal, feneció por una agresión que recibió con un fierro tras la fiscalización de carreras clandestinas el 11 de octubre del 2022.

Esta ley aumenta las penas a quienes atacan a policías, ya que en el caso de los miembros de la institución de Carabineros, al momento de defender su vida e integridad —en especial desde el 18-O y en el contexto del conflicto en la macrozona sur de La Araucanía— fueron procesados y hasta condenados. Por ello, esta ley refuerza y protege a Carabineros, Policías de Investigaciones y Gendarmería, como también a la policía marítima y aeronáutica civil. Por consiguiente, este instrumento jurídico busca aumentar las sanciones legales contra aquellos que ataquen a las policías con endurecimiento de las penas. Asimismo, los beneficios a los presos por estos motivos se restringen.

Igualmente, se establece la presunción de legítima defensa de los uniformados en contextos de resguardo del orden y seguridad pública, ya sea porque sus vidas se ven amenazadas o repelan agresiones que puede sufrir un tercero, ocupando cualquier método de defensa. Por otro lado, Carabineros serán capacitados y provistos de armamentos y equipos adecuados para su labor y protección de la integridad de sus miembros.

De igual modo, se aprobaron otra serie de iniciativas las que refuerzan competencias de Gendarmería —creando la figura de delito de extorsión—; que modifican el control de armas; y que agravan la pena en los casos de secuestro.

A pesar de que medidas de este calibre han sido demandadas por los chilenos —de hecho, conocido es el caso en Chile sobre la demolición de “casas-narcos” en la comuna de La Florida por parte del alcalde Rodolfo Carter, recibiendo un amplio respaldo ciudadano según los últimos sondeos de la encuestadora Cadem—, esta agenda fracturó profundamente al gobierno y a sus dos almas: “Apruebo Dignidad” (compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista) y al “Socialismo Democrático” (integrado por los partidos Socialista, Por la Democracia, Radical y Liberal).

Mientras la primera colectividad instaló el discurso de “refundar” a Carabineros, trataron despectivamente a los miembros de esta institución como pacos en medios oficiales, llamaron a la desobediencia civil para las revueltas de 2019, alabaron al “perro mata-pacos”, y al llegar al Ejecutivo anunciaron el indulto de imputados por graves delitos en el 18-O; la segunda facción comenzó a distanciarse de los primeros al mostrarse un poco más dialogantes con el resto del espectro político y con disposición a discutir distintas materias como la grave situación de la seguridad pública.

De hecho, figuras de Apruebo Dignidad presentaron numerosas indicaciones para modificar o rechazar la ley Naín-Retamal, e incluso desde el Partido Comunista amenazaron con recurrir al Tribunal Constitucional en caso de aprobarse. No obstante, la misma noche en que se aprobó esta ley, ocurrió el asesinato del cabo Palma, por lo que al día siguiente desistieron de hacerlo por tener transversalmente a la opinión pública en contra y porque, probablemente, realizar dicho alegato le afecta electoralmente en las elecciones de consejeros constitucionales en el mes de mayo. De hecho, al día siguiente se realizó una multitudinaria marcha en favor de Carabineros en el centro de Santiago que llegó al frontis del palacio presidencial de La Moneda para exigir mayor seguridad.

Pero, de igual modo, la fractura continúa en el Gobierno, ya que tanto desde Apruebo Dignidad como desde Socialismo Democrático se han increpado públicamente sus diferencias en materia de seguridad develando una extrema tensión dentro del oficialismo. Por ejemplo, Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, sostuvo que Apruebo Dignidad no ha “mostrado lealtad suficiente ni comprensión del momento político-histórico que vive el país”. Por otro lado, desde el Frente Amplio han solicitado a la ministra del Interior, Carolina Tohá (quien tildó a la ley Naín-Retamal de «gatillo fácil» al igual que la vocera de gobierno, Camila Vallejo) que sea el Ejecutivo el que imponga su propia agenda de seguridad y no la oposición. Empero, la autoridad de Gobierno dio una entrevista al medio La Tercera en que sostuvo que hay “desconfianza y trauma” en Apruebo Dignidad en apoyar a Carabineros, lo que devela las inconsistencias de la coalición gobernante.

Sin duda, la situación interna dentro de la coalición de gobierno ha puesto en jaque el relato de La Moneda. La aprobación de la ley Naím-Retamal puede ser leída como un tercer golpe que el Gobierno del presidente Boric ha sufrido, luego del rechazo a la propuesta de Constitución (en septiembre pasado) y el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria (8 de marzo).

Sin duda, las leyes aprobadas apuntan a un camino correcto, pero no son suficientes, ya que por un lado vemos que la “narco-cultura” se ha popularizado y enraizado, afectando profundamente al tejido social, en especial a niños y adolescentes. Por otro, si bien el Gobierno se vio obligado a entender que la seguridad es una real demanda y por ello anunciaron el “plan calle sin violencia” —como una forma de tener su propia agenda en seguridad—, ya mostraron sus sesgos al no incluir ninguna comuna de La Araucanía que ha sufrido por el “conflicto mapuche”.

En suma, la discusión sobre seguridad se asentó en Chile y seguirá presente en la opinión pública. Pero esta problemática es más profunda y compleja, por lo que debe existir una verdadera cooperación y voluntad política. Sin embargo, desde el alma octubrista del gobierno (Apruebo Dignidad) no se ha visto una real disposición a solucionar la delincuencia, el narcotráfico y la violencia asociada a estos, lo que queda develado con los indultos, al entorpecer la discusión legislativa con intentos de boicoteos, hablar de la ley «gatillo fácil», y la exclusión de la agenda de seguridad del Ejecutivo a zonas del país donde han sufrido graves problemas de violencia. Sin duda, la seguridad pública ha sido una piedra en el zapato del Gobierno de Boric.