Por Milagros Boyer – Panampost

La Fiscalía Electoral de Brasil inició su cruzada para inahabilitar políticamente al expresidente Jair Bolsonaro. Para ello, el organismo argumenta que el líder del Partido Liberal (PL) y principal rostro de la oposición a Luiz Inácio Lula da Silva incurrió en “abuso de poder político” por declaraciones que realizó sobre el sistema de votación del país.

De acuerdo con varios medios locales, el Ministerio Público detectó estos supuestos indicios de abusos en lo que se tachó como “la siembra de sospechas infundadas sobre la legitimidad de las urnas electrónicas que Brasil usa en sus procesos electorales desde 1996”, indicó EFE.

Sobre este caso pueden desatarse una serie de interrogantes que por lo pronto no podrán ser respondidas, debido a que el caso tramita bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, es importante recalcar que en el escenario donde se prosiga con el dictamen de la Fiscalía, este factor le impediría disputar unas nuevas elecciones a Bolsonaro en los próximos ocho años.

Esta nueva investigación que inicia contra Bolsonaro, y se suma a otras acciones legales en su contra que cursan en el TSE, tiene su asidero en una denuncia del Partido Democrático Laborista (PDT) —tolda política de ideología socialista democrática— que se presentó tras la reunión que mantuvo Bolsonaro con un grupo de 40 embajadores el pasado 18 de julio en la residencia presidencial.

Durante su discurso en el mencionado encuentro, el líder conservador insistió en que las elecciones de 2018, “no fueron totalmente transparentes” y también citó supuestas irregularidades ocurridas en 2014, cuando la entonces presidente Dilma Rousseff fue reelegida.

Asimismo, insinuó que algunos de los miembros de la Justicia Electoral y la Corte Suprema tienen “claros vínculos” con “la izquierda” y les acusó de beneficiar con sus decisiones a Lula.

Además de las causas que enfrenta en la Justicia Electoral, el capitán retirado del Ejército está investigado en una decena de procesos que tramitan en la Justicia ordinaria y en otros cinco que están en la Corte Suprema.

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