Telegram, la mundialmente conocida plataforma de mensajería no seguirá funcionando en Brasil, al menos temporalmente. Así lo determinó el sistema judicial debido a que la empresa no entregó a la Policía Federal datos de usuarios que mantienen perfiles de tendencia “nazi y neonazi”.
Flávio Dino, ministro de Justicia de Luiz Inácio Lula da Silva, fue el encargado de confirmar la decisión que deja al país más grande de América Latina sin dicho servicio. En su declaración, agregó que “la Policía Federal pidió y el Poder Judicial aceptó”. Y es que su anuncio radica en la nueva medida que regula a las redes sociales, emitida después actos de violencia escolar que ocurrieron seguidamente a inicios de este mes.
De esta manera, los episodios dentro de instituciones educativas —uno incluyó el ataque de un niño de 13 años contra compañeros— quedan trasladados a las plataformas digitales. La medida estableció pautas y la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) pasó a tener potestad de abrir procedimientos administrativos para determinar responsabilidades. Las sanciones van desde multas hasta suspensión de actividades, como ahora le ocurrió a Telegram.
Segundo bloqueo de Telegram
“El gobierno ha atribuido esos ataques, así como miles de amenazas difundidas a través de internet, a la actividad de grupos nazis y de ultraderecha que operan en el país y se articulan por servicios de mensajería o en las redes sociales”, indicó por su parte la agencia EFE, atribuyendo los sucesos a cuestiones de ideología política. Lo cierto es que no es la primera vez que Telegram es prohibida en Brasil.
En marzo de 2022 el magistrado Alexandre de Moraes ordenó bloquearla porque supuestamente se resistió a colaborar en investigaciones sobre la difusión de “discursos de odio” y “desinformación” cuando el país se acercaba a las elecciones presidenciales. En ese momento, era la principal aplicación que utilizaba el entonces presidente Jair Bolsonaro.
Con ese precedente, la Justicia aumentó este 26 de abril la multa diaria contra operadoras que no saquen de su catálogo la aplicación. Si incumplen deberán pasar de pagar 100.000 reales a un millón de reales diarios (de 20000 dólares a 200.000 dólares). Es decir, será aplicable contra compañías como Vivo, Claro, Tim y Oi, además de Google y Apple.
El ministro Dino menciona un tema de ética para evitar mencionar regulaciones a la libertad de expresión. Dijo que las redes sociales “son proveedoras de servicios y son responsables política, social y jurídicamente, pues seleccionan los contenidos”. Por ende, “tienen influencia en lo que circula en internet”
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