California aprueba una ley que prohíbe a los propietarios de los comercios hacer frente a la oleada de robos

Fuente: La Gaceta de la Iberosfera

El Estado Dorado, antaño meta del sueño americano y hoy pesadilla woke de la que escapan los que pueden, ha dado un nuevo paso legislativo en beneficio del colectivo favorito de sus gobernantes: los delincuentes. Tras las normas que despenalizaban en la práctica los robos en tiendas por un valor inferior a cuatrocientos dólares, la nueva ley en proceso de revisión prohíbe a los empleados de un comercio hacer frente a quien quiera robarles.

Obra del senador demócrata David Cortese, la ley, aprobada por el Senado por 29 votos contra 8, pretende «garantizar» la seguridad de los empleados. E, imaginamos, de los criminales.

La presidenta y directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, Rachel Michelin, tiene muy claro que esta medida hará todavía más frecuentes —si es posible— los robos en tiendas en todo el estado. En la cadena Fox2/KTVU, recordó que los minoristas suelen contar con empleados específicamente encargados de disuadir estos robos, y que impedirles hacer exactamente la función para la que se les ha contratado supone «permitir que la gente entre a las tiendas, robe y se vaya».

En los últimos años, el hurto en tiendas se ha convertido en un problema grave, y minoristas como Target ya prevén pérdidas de 1.300 millones de dólares por robos. En declaraciones al San Francisco Standard, empleados de Target confesaron estar sufriendo al menos diez robos diarios.

Ya en 2014, los votantes de California aprobaron la Proposición 47, que rebajó ciertos robos y delitos relacionados con drogas de delitos graves a delitos menores, que ni se investigan ni se impiden. Su estatuto más conocido elevó la cantidad mínima de bienes robados de 400 dólares a 950 para que un caso de robo se clasifique como un delito grave, causa principal del aumento de los hurtos menores en todo el estado. También ha permitido que los delincuentes que cumplían penas de prisión solicitaran una nueva sentencia según las nuevas clasificaciones, algo parecido a lo que ha sucedido en España con la Ley del «sólo sí es sí».