Fuente: La Derecha Diario
En una ley sin precedentes en Latinoamérica, el Senado de Uruguay aprobó y convirtió en ley un proyecto que reconoce el derecho de reparación a las víctimas de la guerrilla comunista, presentado por el partido conservador Cabildo Abierto y que fue duramente resistido por el izquierdista Frente Amplio (FA).
La iniciativa, que ya había sido validada en Diputados, propone indemnizar con hasta 150 mil dólares, además de un reconocimiento moral y social para aquellos que hayan sufrido hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados, por motivos políticos o ideológicos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.
Es una ley ejemplar en la región, que finalmente reconoce el terrorismo civil al mismo nivel que el mal llamado terrorismo de Estado, y otorga algún tipo de resarcimiento a las familias de las personas, tanto civiles como militares, que fueron asesinados en un momento de conflicto interno.
“Se busca abonar la reconciliación de los patriotas partícipes de dichos enfrentamientos, intentando cerrar una herida que ha dividido a diversas generaciones de nuestro país”, sostuvo el senador cabildante Guillermo Domenech.
Al referirse a la postura en contra del FA, Domenech manifestó su “esperanza de que la aprobación del proyecto, aun cuando no obtenga la unanimidad del sistema político, constituya un hito de reconciliación humana y de restauración de la verdad histórica”.
El Frente Amplio rechazó de cuajo el proyecto y ni uno de sus legisladores votó a favor. A medida que subía el tono de la discusión en el recinto, tomó la palabra el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo ver “una suerte de mezquindad con quienes fueron víctimas, pero no eran víctimas de los nuestros, eran víctimas de los otros, entonces no merecen una reparación”.
Y ahondó: “Hay una suerte de negacionismo: no hay culpa de quienes se alzaron en armas contra el Estado de derecho a principios de los años 60, por tanto las víctimas no merecen reparación”.
Cabe aclarar que actualmente existe en Uruguay, y en países como Argentina, Chile y Brasil, una infinidad de leyes que otorgan reparaciones económicas a los familiares de los terroristas guerrilleros que fueron aniquilados en combate contra las Fuerzas Armadas durante las dictaduras del siglo pasado.
Por lo que esta ley tiene un fuerte componente simbólico en el reconocimiento del otro lado de la guerra interna que sacudió a Uruguay entre los 60s y 70s, y corta con la hegemonía de la izquierda en el victimismo sobre este tema.
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