Fuente: La Derecha Diario
El Gobierno chileno de Boric se niega a entregar los poderes extraordinarios que se arrogó durante la pandemia. Tras terminarse el COVID-19, comienza una nueva Alerta sanitaria por la gripe común.
El 31 de agosto de 2023 y luego de 1.303 días, finalmente se terminó la Alerta Sanitaria en Chile, por el COVID-19, que comenzó con el Decreto 4, firmando el 5 de febrero de 2020 por el Ministerio de Salud del entonces presidente Sebastián Piñera.
Aquél decreto, abrió el espacio para la coerción y supresión de libertades posteriores que vivieron los chilenos, como no se veía desde la última dictadura militar. Esta alerta sanitaria, que dotó de poderes extraordinarios al Ministerio de Salud y a la Policía, se prolongó sucesivamente hasta el fin de su mandato y luego fue prorrogada sucesivamente por Gabriel Boric hasta finales de agosto.
Sin embargo, inmediatamente luego de que se decidiera levantar la emergencia sanitaria por el COVID, tras las intensas lluvias, el Gobierno comunista decidió el 25 de agosto decretar la Alerta Sanitaria por Emergencia Meteorológica en diversas regiones de la zona centro-sur del país.
Este decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 2023, y le da a diversos ministerios las mismas facultades inconstitucionales que fueron otorgadas durante la alerta sanitaria por el COVID-19.
Además, no contentos con la “alerta meteorológica”, el Ministerio de Salud de Boric lanzó una nueva Alerta Sanitaria por enfermedades vectoriales y zoonóticas, como indica el Diario Oficial de la República de Chile, lo que muestra que el Gobierno se niega a devolver los poderes autoritarios que se arrogó durante la pandemia.
Cabe aclarar que la pandemia dejó de ser una “emergencia sanitaria” para la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde mayo de este año, y no queda ningún país del mundo donde el COVID-19 sea considerado una amenaza alarmante para la salud general de la población.
Pero de esta manera, los funcionarios chilenos podrán seguir usando los amplios poderes para disponer de recursos exorbitantes del Estado para los que antes tenían que pedir permiso para usar, a pesar de que ya no hay una excusa, ni valida ni invalida, para justificar lo que hacen.
De esta manera, Chile se consolida como uno de los países democráticos con mayores restricciones a las libertades del mundo, y durante la pandemia lideró el tiempo de cierre en las escuelas y mantuvo como obligatorio el uso de barbijo hasta este 31 de agosto de 2023, donde se registraron caídas históricas en las pruebas de calidad educacional entre 10 (primaria, 4° básico) y 12 puntos (secundaria, 2° medio).
Chile, además, fue uno de los únicos países de la OCDE cuyos cierres de escuelas superó los 250 días, lo que arrastró una deserción escolar de más de 50 mil alumnos entre 2021 y 2022, un crimen por el que ningún gobernante pagará.
Parte de la crisis de salud de la que se habla en Chile, es que existe un cuello de botella en que de las 136 mil personas que mueren al año, cerca de 40 mil lo hacen esperando una operación, como señaló el ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.
Actualmente el sistema público de salud, Fonasa, tiene deudas por más de 450 millones de dólares con algunas clínicas privadas, que están trabajando para descongestionar el sistema. Muchos creen que la decisión de prorrogar una y otra vez la alerta sanitaria, que puso contra las cuerdas al sistema de salud, tiene que ver con la intención de terminar con el sistema privado de salud por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Por otra parte, todos estos años de restricciones dejaron en evidencia que la estrategia de cuarentenas y elementos restrictivos parecieran no haber tenido resultados tan buenos.
Por ejemplo, al comparar dos países como Suecia, que nunca aplicó una cuarentena, versus Chile, que la aplicó por casi 3 años, se puede ver que murieron menos personas debido a la saturación del sistema en donde menos restricciones se impusieron desde el Estado.