Por Gabriela Moreno – Panampost.com
La primera visita oficial del presidente de Chile, Gabriel Boric, a China ya comienza a generar frutos para el régimen comunista de Xi Jinping. Ambos mandatarios pactaron un contrato por 250 millones de dólares para la explotación de litio chileno.
La empresa beneficiada con el acuerdo es el grupo chino Tsingshan, dedicado a la investigación y desarrollo, la producción y la venta de celdas de baterías de iones de litio aplicados a sistemas de energía de vehículos eléctricos, entre ellos camiones mineros eléctricos, y otros equipos. Es una “tremenda y potente inversión que va a traer, además, cientos de puestos de empleo en el norte de nuestro país, particularmente en Mejillones”, anunció Boric en su cuenta de X (antes Twitter).
Sin embargo, las pretensiones de la compañía que maneja ingresos por 54000 millones de dólares, más de 85000 empleados en todo el mundo y forma parte de las 15 compañías privadas más grandes de China, son más ambiciosas.
Una meta mayor
La meta de la compañía Tsingshan, liderada por John Li va más allá de invertir para extraer litio chileno. El objetivo es industrializarlo. Para ello, esperan invertir 2000 millones de dólares en medio de la incipiente estrategia nacional de litio diseñada por Boric.
“Queremos crear el mayor ecosistema verde de tecnología relacionada con el litio en Sudamérica, construyendo plantas de cátodos de litio, packing de baterías y ensamblado de vehículos eléctricos, configurando un parque industrial ecológico del litio con un puerto integrado, y aprovechando las sinergias con Argentina y Bolivia”, confesó John Li en una entrevista con Diario Financiero en febrero de este año.
China tiene claro lo que busca, pero enfrenta obstáculos para su expansionismo económico, considerando que este acuerdo entre Gabriel Boric y Xi Jinping equivale a un premio de consolación al gigante asiático luego de la justicia austral suspender una polémica licitación que permitiría a la empresa china BYD –una de las mayores firmas de vehículos eléctricos– explorar y explotar durante 27 años, prorrogables por otros 29, el litio en el salar de Maricunga, bajo el volcán Ojos del Salado.
Un freno judicial
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección presentado por el gobernador regional el año pasado en defensa de la zona donde está el litio chileno, y hasta ahora, el pacto de 80000 toneladas suscrito por Boric por 61000 millones de dólares a sólo dos meses del fin del mandato de Sebastián Piñera, sigue en el limbo.
La negociación suponía que China tendría autorización para vender el litio como materia prima, en forma de carbonato de litio o hidróxido de litio. El mayor frustrado desde entonces es Niu Qingbao, antiguo vicealcalde de la ciudad de Chengdú y actual embajador de China en Chile, quien había gestado el acuerdo cuando Ford y General Motors anunciaron la inclusión de autos eléctricos en sus flotas y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promovía que la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en el país para 2030 debían ser eléctricos, frente al 4 % actual.
Tras conocer la decisión de la Corte de Copiapó, Qingbao planteó la necesidad de una legislación con “transparencia”, así como políticas “no discriminatorias” que garantizaran el crecimiento de los negocios con Pekín.
“Corrupción geoestratégica”
Los pasos de China en Latinoamérica para apoderarse del litio no están apegados siempre a protocolos diplomáticos sino a una “corrupción geoestratégica”, una maniobra que implica la evasión, mediante sobornos, de los requisitos correspondientes para poder invertir, según se señala en un informe de la consultora enfocada en el crimen organizado transnacional, IBI Consultants.
Con esta práctica, que apela no sólo a los vínculos ideológicos sino a los bolsillos de las autoridades locales, el régimen de Xi Jinping consiguió el primer trimestre de este año inversiones en el “triángulo de oro blanco” que conforman Chile, Bolivia y Argentina.
Sus firmas CATL, BRUNP y CMOC, comprometieron cerca de 1000 millones de dólares en proyectos de litio en los departamentos de Potosí y Oruro en Bolivia, mientras que Chery Automobile invertirá otros 400 millones de dólares en la construcción de una planta para fabricar vehículos eléctricos en Rosario, Argentina.
Detrás de estas ambiciosas negociaciones destacan las irregularidades, considerando que la firma de los acuerdos en la zona norte de Argentina se concretó con los gobernadores Gerardo Zamora de Santiago del Estero, y Juan Luis Manzur de Tucumán, ambas figuras alineadas con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
El pacto con ellos en el marco de la “corrupción geoestratégica” de China implica que el gobierno federal desembolse los recursos nacionales a las regiones bajo su mando, sin solicitar rendición de cuentas, auditorías ni fiscalización sobre la administración de los fondos a cambio de la fidelización de votos a favor del partido peronista para mantener la estructura de poder, señala Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, en el mencionado informe.
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