Fuente: Informe Orwell
El Departamento de Justicia (DOJ) ha desatado una polémica al revelar documentos relacionados con la orden de registro de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Esta medida revela que los fiscales han recopilado una enorme cantidad de datos sobre la actividad en redes sociales del ex presidente, abarcando información detallada sobre cada cuenta que le dio «me gusta», siguió o retuiteó sus publicaciones.
La orden de registro, emitida en respuesta a una solicitud de un consorcio de organizaciones mediáticas, fue liberada tras una decisión del 17 de noviembre por parte de la jueza Beryl Howell. La solicitud original se presentó en agosto con la intención de hacer públicos la orden de registro y otros registros relacionados. Los documentos, aunque extensamente censurados, arrojan luz sobre la magnitud de la información recopilada, lo que ha desencadenado preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión.
Twitter parece haber entregado una gran cantidad de datos al DOJ bajo coacción, revelando detalles sobre quiénes seguían, dejaban de seguir, silenciaban, desbloqueaban o bloqueaban a Trump. Además, se solicitó a la plataforma de redes sociales información sobre todas las listas de usuarios que marcaron como favoritos o retuitearon los tweets de Trump, así como los tweets que incluían el nombre de usuario asociado con la cuenta en forma de «menciones» o «respuestas».
La solicitud del DOJ no se detuvo allí. También buscaba información detallada sobre la geolocalización de Trump, sus mensajes privados, historial de búsqueda y datos de contacto.
La liberación de esta orden de registro sigue a la oposición de Twitter a la misma, así como a una orden de silencio adjunta. Twitter argumentó que esta última violaba su derecho a la libertad de expresión al comunicarse con Trump y que Trump podría tener el derecho legal de usar el privilegio ejecutivo para bloquear la orden de registro. A pesar de los esfuerzos de la red social, la jueza Howell, designada por Obama, multó a la empresa con $350,000 en febrero por no cumplir con el plazo para acatar la orden. Todas las decisiones de Howell fueron respaldadas por un tribunal de apelaciones.
El conflicto entre Twitter y el equipo de Jack Smith, el fiscal especial a cargo, surgió principalmente debido a la decisión de los fiscales de emitir la orden de registro junto con una «orden de no divulgación». Esta última prohibió a Twitter informar a Trump, o a cualquier otra persona, sobre la existencia de la orden de registro. Según los informes, el tribunal encontró «causas probables» para buscar en la cuenta de Twitter de Trump evidencia de posibles delitos. Además, consideró que divulgar la orden al expresidente podría «poner en grave peligro la investigación en curso» al darle la oportunidad de destruir pruebas, cambiar patrones de comportamiento o notificar a confederados.
En agosto, un tribunal de apelaciones respaldó todas las decisiones de la jueza Howell, destacando que la orden de no divulgación no infringía el derecho a la libertad de expresión de Twitter y que el tribunal actuó dentro de los límites de su discreción al no suspender la ejecución de la orden mientras se litigaba la reclamación de la Primera Enmienda. La corte también señaló que se siguieron los procedimientos adecuados antes de declarar a Twitter en desacato y imponer una multa de $350,000.
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