Por SABRINA MARTÍN – La Gaceta de la Iberosfera
La Cámara de Representantes del Congreso de Colombia aprobó la Reforma a la Salud impulsada por Gustavo Petro, uno de los proyectos bandera del presidente de izquierda, con el que busca que el sistema sanitario migre a una administración principalmente pública.
Se trata de la primera gran victoria de Petro en el Congreso relacionada con sus tres reformas más importantes: la de la salud, la laboral y la pensional.
Para ser aprobada, la iniciativa legislativa contó con el apoyo del Partido Liberal y el Partido de la U, además de los votos seguros del Pacto Histórico, el Partido Comunes, los representantes de víctimas y algunos integrantes del Partido Verde.
Con la reforma, Petro busca permitir que el Estado administre los recursos y en vez de contar con la existencia de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), pagar directamente a los hospitales, clínicas y demás centros de atención médica.
La reforma, que ya fue aprobada por la Cámara, ahora deberá ser aprobada por la Comisión Séptima del Senado para luego ser enviada a Plenaria donde se llevará a cabo una discusión mucho más fuerte y donde se tomará la decisión final.
La congresista Catherine Juvinao, quien en un principio acompañó la campaña de Petro, se convirtió en una de las principales opositoras de la reforma; ha asegurado que el proyecto de ley no está centrado en el paciente ni en la calidad del servicio.
«La reforma no fortalece los controles a la corrupción. Más bien los debilita. La reforma crea unas nuevas burocracias, a las que además les asignan hasta el 1 % del total del presupuesto en salud. Eso para el otro año es más o menos entre 900.000 millones y un billón de pesos a una nueva burocracia que ellos le llaman Unidades Zonales de Planeación», explicó.
Puntos clave de la reforma y algunas similitudes con el sistema socialista de Venezuela
CAP versus CDI: La reforma a la Salud de Petro propone la creación de unos Centros de Atención Primaria (CAP) que plantea un (supuesto) “diagnóstico oportuno” de las enfermedades. Serían centros con mayor presencia en zonas rurales y marginadas y estarían a cargo de 25.000 personas.
Esta propuesta se asemeja mucho a la creación de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) creados por Hugo Chávez, que formaron parte de la Misión Barrio Adentro con la que el tirano de Venezuela recibió a miles de médicos cubanos para que dirigieran y atendieran estos centros.
Sin embargo, al igual que sucedería con los CAP, los CDI son administrados por las autoridades locales (los gobernadores), lo que ha generado (las condiciones propicias para que sucedan) innumerables casos de corrupción, burocracia y escasez de insumos y medicamentos.
Adiós a las EPS: en el sistema actual, las entidades aseguradoras privadas conocidas como Entidades Prestadoras de Salud (EPS), son el vínculo entre el paciente y el servicio; sin embargo, con la aprobación de la reforma ya no existirían intermediarios y, por el contrario, sería el Estado el encargado de administrar los pagos a clínicas y hospitales a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Según especialistas, el gran riesgo de liquidar las EPS es que se incrementen – como en Venezuela– los casos de corrupción y el sistema deje de ser transparente y eficiente; esto incrementaría los tiempos de espera y, probablemente, elevaría la escasez de insumos y medicamentos poniendo en peligro la vida de los millones de pacientes.
Mucha preocupación en el sector
Recientemente exministros y exviceministros de salud emitieron un comunicado, donde expresan sus preocupaciones ante la aprobación de la reforma.
Aseguran que la reforma incumple mínimos constitucionales porque no está establecido un plan con objetivos, metas y recursos claros.
«No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su definición y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva», señalan.
Asimismo, los especialistas resaltan que la reforma dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad del servicio.
«Si se aprueba la reforma a la salud como está, múltiples agentes estatales asumirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a que los usuarios y pacientes tengan que acudir a muchas instancias que no tienen claras sus nuevas responsabilidades y funciones», agregaron.
Recuerdan además que, de aprobarse el proyecto de ley, los colombianos ya no tendrán libertad de elegir dónde y cómo atenderse.
A todo esto, se agregan las advertencias de que la reforma desaparece el aseguramiento, se presenta un mayor riesgo de corrupción y los trabajadores del sector quedan en riesgo.
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