Fuente: Informe Orwell
En una impactante revelación, la Contraloría General de la República de Chile ha emitido un informe que pone al descubierto una alarmante situación relacionada con las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno socialista de Gabriel Boric a raíz del estallido social de octubre de 2019. El documento, entregado este jueves a la Cámara de Diputados, revela que 58 de las 419 personas beneficiadas con estas pensiones tienen antecedentes penales, incluyendo delitos tan graves como estafa, tráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y homicidio.
La pensión de gracia es un «beneficio pecuniario otorgado por S.E. el Presidente de la República, cuyo monto es variable y fijado en ingresos mínimos no remuneracionales. La pensión puede ser otorgada por período definido de tiempo o de manera vitalicia según corresponda», según el Gobierno chileno.
Este hallazgo ha generado un profundo malestar en la sociedad chilena, aumentando las presiones sobre el Gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric para que revoque inmediatamente este beneficio que mensualmente otorga recursos del Estado a individuos con un historial delictivo considerable.
El informe también arroja luz sobre los antecedentes médicos presentados por los postulantes, revelando una serie de irregularidades que plantean serias dudas sobre la transparencia y la idoneidad del proceso de selección. Según la Contraloría, 19 expedientes remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al Departamento de Acción Social (DAS) carecían de antecedentes médicos adecuados o presentaban certificados poco legibles y sin diagnóstico claro. Algunos documentos incluso datan de antes de octubre de 2019, lo que cuestiona la autenticidad de las lesiones atribuidas al estallido social.
Estas pensiones fueron adjudicadas a personas que, según el gobierno, fueron víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante las protestas violentas que vivió el país en el año 2019, cuando gobernaba el centroderechista, Sebastián Piñera.
Tras revelarse el escándalo, el presidente Boric tomó la decisión de revocar las pensiones de gracia para las personas con antecedentes penales. La comisión encargada de revisar los casos deberá presentar al mandatario una propuesta sobre cuáles pensiones eliminar.
Esta tarde, la Cámara de Diputados votó un informe emitido por la Comisión Especial Investigadora, confirmando irregularidades en la entrega de estas pensiones de gracia con un contundente respaldo de 50 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones.
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