Fuente: Panam Post
Un total de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados, fue el resultado de la toma del Palacio de Justicia de Colombia por parte del M-19 hace casi 40 años. Que hoy se hayan registrado intentos de ingresar por la fuerza a este recinto por parte de seguidores del presidente Gustavo Petro –quien perteneció al M-19– ondeando banderas de este grupo guerrillero y que los magistrados hayan sido sitiados por los manifestantes que pretendían presionar a la Corte Suprema para que escogiera al nuevo fiscal general, constituye una peligrosa amenaza tanto para los máximos representantes del Poder Judicial como para la paz del país y la democracia.
Luego de enterarse de que no se logró elegir este jueves al nuevo fiscal general de la República, manifestantes que participaron en una marcha promovida por los reclamos del mandatario colombiano intentaron ingresar por la fuerza al Palacio de Justicia y posteriormente rodearon los accesos al edificio, impidiendo la salida de los magistrados, todo esto mientras muchos vestían camisas con el logo del oficialista Pacto Histórico y ondeaban banderas del M-19, lo que despertó particular preocupación por la analogía con la sangrienta toma del palacio en 1985.
Aplazad la elección del fiscal general
La Corte Suprema decidió aplazar este jueves la elección del nuevo fiscal porque luego de dos rondas de votaciones “ninguna de las candidatas sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida”, aclaró el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra. Por este motivo, la decisión fue aplazada y se acordó que será la hoy vicefiscal Martha Mancera quien quedará como fiscal encargada a partir del 12 de febrero, cuando culmina el periodo del fiscal Francisco Barbosa.
Esta movilización de calle se llevó a cabo en respuesta a la denuncia de supuesto “golpe de Estado” que hizo Gustavo Petro luego de reunirse el martes con el presidente y el vicepresidente del alto tribunal en un nuevo intento por ejercer presión para que se escoja cuanto antes al nuevo fiscal general, para lo cual hizo un peligroso llamado al “movimiento popular”, que –según el mandatario– debe ganar más capacidad de decisión y poder en este gobierno.
Para salir al paso ante los hechos de violencia que pudieron haberse salido de control, Petro respondió en X a un mensaje de la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, que ordenó a la policía nacional “actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados”, así como presentar un informe público de quienes incurrieron en esta irregularidad, pero no sin antes haber iniciado su anuncio con una aseveración con tinte político-ideológico: “Aquí la única que ataca la justicia es la extrema derecha que teme una fiscal decente”.
La Corte Suprema de Justicia no tardó en reaccionar, calificando como “inaceptable” que se haya sitiado a los jueces que tuvieron que ser evacuados del Palacio de Justicia en helicóptero producto del “asedio” a la sede del Poder Judicial. “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”, advirtió el presidente del alto tribunal.
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