El jueves 15 de febrero, el Subcomité Selecto sobre la Pandemia de Coronavirus dio inicio a su serie de audiencias titulada «Evaluación de los sistemas de seguridad de las vacunas en Estados Unidos, primera parte». Encabezada por el representante Brad Wenstrup, republicano de Ohio, esta sesión tenía como objetivo principal examinar la eficacia de los informes de seguridad de las vacunas, así como la respuesta y los mecanismos de compensación frente a las controversias surgidas durante la distribución de la vacuna COVID-19.
Durante la audiencia, la representante Marjorie Taylor Greene, de Georgia, brindó un efusivo testimonio, cuestionando la rápida autorización de las vacunas contra el COVID-19 y resaltando el alto número de informes de eventos adversos presentados al Sistema de Notificación de Eventos Adversos de las Vacunas (VAERS).
Greene citó cifras alarmantes que indican un significativo número de informes de lesiones y muertes relacionadas con las vacunas, contrastando esta situación con la limitada compensación proporcionada a través del Programa de Compensación por Lesiones de Contramedidas (CICP). Asimismo, subrayó la necesidad de ser transparentes sobre los efectos adversos de las vacunas y pidió detener la administración de estas vacunas a niños.
«En 2021, hubo 706,767 informes en VAERS sobre lesiones y muertes por vacunas.
En 2022, fueron 206.676. En 2023, las cifras bajaron porque cesaron los mandatos.
Ahora, hablemos un poco más sobre las vacunas aquí. Tenemos reportes de defunciones, 18,372; incapacidades permanentes, 17.842; hospitalizaciones, 86.452; visitas a urgencias o al consultorio, 315.048; eventos adversos graves, 113.449.
Esto es del Servicio de Investigación del Congreso sobre VAERS. Todo tipo de lesiones: abortos, infartos, miocarditis, incapacidad permanente, problemas neurológicos. Y sigue y sigue y sigue. Estos son los informes de personas que se ven obligadas a vacunarse. No debería haber sucedido«, dijo la congresista.
“No soy médico, pero tengo un doctorado en reconocer tonterías cuando las escucho”, agregó en referencia a la discrepancia de datos entre los lesionados y los compensados.
La representante Greene también reconoció la presencia de Brianne Dressen, participante en un ensayo clínico de una vacuna que sufrió lesiones y enfrentó importantes gastos médicos. El caso de Dressen se presentó como un ejemplo de los desafíos que enfrentan las personas cuando buscan ayuda del sistema de compensación por lesiones.
Informes poco claros a los ciudadanos
En la sesión también se cuestionó la capacidad del gobierno federal para informar adecuadamente al público sobre los posibles efectos adversos de las vacunas. Este déficit ha contribuido, según expertos, a erosionar la confianza en la seguridad de las mismas. Además, fue examinado el proceso de compensación para aquellos que han sufrido daños como consecuencia de la vacunación, evidenciando posibles falencias en el manejo de un incremento de reclamaciones relacionadas con la nueva vacuna.
El presidente Wenstrup expresó críticas hacia el gobierno de Biden, señalando su falta de un sólido sistema de protección y compensación para las personas que han sufrido daños a causa de la vacunación, mientras que se promueven «mandatos de vacunas no científicas» para los ciudadanos sanos.
«Esta audiencia representa un paso crucial hacia la transparencia en el ámbito de las vacunas, así como para garantizar que aquellos afectados por posibles lesiones reciban una compensación justa», destacó el presidente Wenstrup.
Cabe señalar que a pesar de que Estados Unidos cuenta con un programa de compensación por lesiones causadas por vacunas, muchos ciudadanos que presentaron reclamos después de haber sufrido lesiones debido a las vacunas experimentales contra el COVID-19 no recibieron compensación. Los datos del Programa de Compensación por Lesiones de Contramedidas (CICP) para los años fiscales 2010 a 2024 revelan que la gran mayoría de reclamos están relacionados con lesiones por COVID-19.
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