Fuente: voz.us

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen cubano amenaza con la pena de muerte a quienes decidan participar en eventuales protestas en la isla. El observatorio sostuvo que deben garantizarse los derechos humanos y eliminarse inmediatamente la pena de muerte del Código Penal cubano.

La reacción del observatorio se dio luego de que se en el programa televisivo Hacemos Cuba, transmitido por el Canal Caribe (del sistema estatal), altos funcionarios del Ministerio del Interior y del sistema de Justicia de la dictadura defendieran la actuación de la policía antes las protestas sociales y se refirieran al delito de sedición, entre otros cargos, para amenazar a quienes promuevan o participen en protestas que tengan como intención “deponer los poderes y el Gobierno”.

“Ya no solo queda en el desorden público”

Ya no solo queda en el desorden público (…) sino que la intención es subvertir el orden, nuestro Estado de derecho y de justicia social para ellos cumplir con los fines que tienen de colonizarnos”, aseguró Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de Cuba.

La Gaceta Oficial de Cuba, en su artículo 121, explica que quienes “perturben el orden constitucional socialista” pueden enfrentar el cargo de sedición, que en su apartado “a” establece que será castigado “con privación de libertad de diez a treinta años, privación perpetua de libertad o muerte, si el delito se comete en situaciones excepcionales, de desastre o afecta la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia”.

En ese sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sostuvo que “condenamos la amenaza de aplicar la pena de muerte, efectuada este jueves en la televisión nacional cubana contra quienes participen en manifestaciones en la isla”.

Y es que, de acuerdo con el diario ABC de España, “por este supuesto delito fueron procesados al menos 225 manifestantes de las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), y de ellos, el menos 222 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno, según Prisoners Defenders (PD)”.

Además, ABC recordó que “en Cuba la pena capital está en moratoria desde 2003, cuando fue aplicada por última vez contra tres jóvenes cubanos que secuestraron una lancha para intentar llegar a los Estados Unidos, aunque sin provocar víctimas mortales. Entre 1959 y 2003 miles de cubanos fueron pasados por las armas, la mayoría de ellos en los primeros años de la dictadura y sus delitos consistían en oponerse al régimen de los hermanos Castro”.

Las preocupaciones por las declaraciones de los funcionarios castristas también fue expresada por varios medios de comunicación cubanos. El reconocido portal CubaNet sostuvo que la intención del oficialismo cubano es enviar un mensaje de que no tolerará las protestas sociales y de que usará todo el poder del Estado para reprimir a los ciudadanos que piden libertad.

“El programa Hacemos Cuba dejó un mensaje claro: la dictadura cubana no tolerará la protesta social y utilizará toda la fuerza del Estado para reprimir cualquier manifestación que considere una amenaza a su poder. Las amenazas con el delito de sedición, las acusaciones contra supuestos ‘terroristas’ y la defensa a ultranza de la actuación policial son muestras de la estrategia del régimen para silenciar el descontento popular y mantener el control absoluto del país”, señaló CubaNet.

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