Mientras legisladores y testigos en Estados Unidos se manifiestan en apoyo de las leyes aprobadas por los Senados estatales Texas y Utah -SB 1040 y 262 respectivamente- que están destinadas a frenar la práctica de sustracción forzada de órganos en China, la urgencia de abordar esta crisis de derechos humanos ha vuelto a salir a la luz.
En Texas, la ley bipartidista fue defendida por la senadora estatal Lois Kolkhorst (R-Brenham) y busca garantizar que los planes de beneficios de salud en el estado no cubran trasplantes de órganos provenientes de países donde los gobiernos patrocinan o toleran la sustracción forzada de órganos. A menudo denominada “turismo de trasplantes”, esta siniestra práctica implica la extracción de órganos a la fuerza, y con frecuencia apunta a grupos marginados y perseguidos en China continental, incluidos los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong y los musulmanes uigures.
La SB 1040 también apunta a implementar medidas concretas para evitar que los texanos participen o financien sin saberlo estas “prácticas viles”.
Aunque la ley fue promulgada oficialmente por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en junio de 2023, el movimiento contra la sustracción forzada de órganos está lejos de terminar. Varios otros estados están preparados para seguir el ejemplo de Texas; se espera que Missouri, Ohio y Carolina del Norte promuevan una legislación similar en las próximas semanas.
El 14 de marzo, el gobernador de Utah, Spencer Cox, promulgó una ley similar que fue aprobada por primera vez el 1 de marzo por el Senado y la Cámara del estado. Esta ley también prohíbe a los proveedores de salud estadounidenses cubrir o brindar atención posterior a una cirugía de trasplante de órganos realizada en China. El estado de Idaho también aprobó un proyecto de ley similar que entrará en vigor el 1 de julio de 2024.
Pero, lamentablemente, no todos los estados están alineados. El 10 de abril, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó una resolución similar sin dar una explicación, según le dijeron a Vision Times. El desarrollo resalta los desafíos políticos y éticos actuales para lograr un consenso nacional sobre el tema.
Voces de las víctimas
Durante una audiencia en el Capitolio del Estado de Texas en mayo de 2023, los testigos brindaron testimonios desgarradores de las brutales realidades de la sustracción forzada de órganos en China. Los relatos pintaron un cuadro vívido de las violaciones de derechos humanos que han estado ocurriendo bajo el radar en los campos de trabajo y cárceles chinas.
“Fui esterilizada a la fuerza, acompañada de muchas otras mujeres”, recordó una mujer que cumplía condena en un campo de trabajo chino en mayo de 2019. La superviviente también arrojó luz sobre la escala y la naturaleza sistemática de los abusos.
También estuvieron presentes en la audiencia el representante estatal Tom Oliverson (republicano por Cypress) y el representante estatal Salman Bhojani (demócrata por Euless), quienes expresaron su firme apoyo al proyecto de ley. Oliverson detalló sus observaciones de primera mano sobre hospitales chinos que anuncian órganos tanto en inglés como en mandarín. «Corazones disponibles, donantes esperando», citó los sitios web de los hospitales. «Estas personas están siendo sacrificadas para obtener beneficios económicos por un gobierno que no los considera seres humanos».
Una preocupación mundial
Desde hace años, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha sido criticado por su participación en prácticas de sustracción forzada de órganos. La evidencia y los testimonios han revelado que el PCCh ataca sistemáticamente a grupos marginados, como los practicantes de Falun Dafa, los musulmanes uigures, los tibetanos y otras minorías religiosas y étnicas, deteniéndolos en campos de trabajo forzado donde son sometidos a pruebas médicas invasivas en contra de su voluntad.
Sorprendentemente, el PCCh también ha sido acusado de publicitar la venta de órganos humanos vivos enumerando corazones, hígados y riñones disponibles como si fueran artículos de una lista de compras. Esta espantosa mercantilización de vidas humanas con fines de lucro subraya la urgente necesidad de una condena internacional y de medidas legislativas para detener estas atrocidades.
“Con esta ley, enviamos un fuerte mensaje a Beijing de que toda vida humana es preciosa y digna de protección”, dijo Oliverson a The Epoch Times en 2023. También agregó que estaba “absolutamente, increíblemente horrorizado” al enterarse de cómo algunas de las víctimas todavía estaban conscientes en el momento en que se extrajeron sus órganos.
Impulso legislativo
A medida que Texas, Utah e Idaho dan un paso en la dirección correcta, se unen a una coalición de estados que adoptan una postura contra la sustracción forzada de órganos. La aprobación del proyecto de ley no solo evitará que los residentes de estos estados apoyen indirectamente estas prácticas, sino que también enviaría un fuerte mensaje a la comunidad internacional sobre la postura de Estados Unidos ante los abusos de los derechos humanos.
Más allá de las acciones a nivel estatal, el Congreso de Estados Unidos también está tomando medidas para abordar las violaciones de derechos humanos relacionadas en China. Acciones recientes del Congreso han apuntado a empresas como Beijing Genomics Institute y Wuxi AppTec por su papel en la recolección ilegal de material genético y el seguimiento de minorías étnicas en China, particularmente en la región de Xinjiang, donde el PCCh está llevando a cabo lo que muchos describen como un genocidio contra el pueblo uigur.
Estas empresas ya están bajo restricciones de control de exportaciones de Estados Unidos, pero los esfuerzos legislativos apuntan a frenar aún más sus actividades y responsabilizarlas por su participación en abusos contra los derechos humanos.
Varios informes también han arrojado luz sobre una red de campos de concentración donde se estima que hay un millón de musulmanes uigures detenidos, según el Consejo de Relaciones Exteriores. Estos campos son parte de un esfuerzo sistemático para asimilar por la fuerza a los uigures a la cultura dominante china Han. Los detenidos son sometidos a un intenso adoctrinamiento, donde se les obliga a abandonar sus creencias religiosas, su idioma y sus prácticas culturales.
Los informes también indican abusos generalizados contra los derechos humanos, incluidos trabajos forzados, tortura y abuso sexual.
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