Actualmente el Congreso de Estados Unidos se encuentra investigando activamente las graves denuncias de violaciones de derechos humanos y persecución política producidas Brasil en los últimos años. Especialmente el abuso del poder ejercido por el Supremo Tribunal Federal (STF), encabezado por el polémico juez Alexandre de Moraes, un aliado clave del presidente Lula da Silva.
Es por eso que este jueves, el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Chris Smith, envió una carta al ministro De Moraes, instándole a contestar, en un plazo máximo de 10 días, una serie de preguntas relacionadas con todas las denuncias que fueron expuestas durante una audiencia, llevada a cabo el mes pasado en el Congreso estadounidense.
“El 7 de mayo presidí una audiencia pública de la subcomisión titulada «Brasil: ¿Una crisis de democracia, libertad y Estado de Derecho?”, comienza relatando la carta de Smith.
“El objetivo de esta audiencia era debatir los alarmantes informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por funcionarios brasileños, entre ellas la mala conducta judicial, la persecución de la oposición política, la supresión de la libertad de expresión y el silenciamiento de los medios de comunicación de la oposición”, continúa.
“Los testimonios ofrecidos en la audiencia aportaron hechos y pruebas creíbles y fundamentadas sobre estos problemas, y dibujaron un panorama profundamente inquietante del estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil. La audiencia ha suscitado gran preocupación entre los miembros del Congreso de Estados Unidos por el estado de la democracia en Brasil”, sentencia la misiva.
En la audiencia a principios de mayo, testificaron cuatro personas, tres de las cuales fueron víctimas de las políticas de censura llevadas a cabo por De Moraes. Ellos fueron: el periodista estadounidense Michael Shellenberger, quien investigó a fondo el tema de la censura en Brasil durante años e hizo viral la evidencia revelada en los Twitter Files a través de un extenso hilo en X a principios de abril; el periodista brasilero Paulo Figueiredo, que vive en Estados Unidos y ha sido muy crítico hacia el gobierno de Lula y fue fuertemente censurado por el STF en muchas plataformas de redes sociales y su patrimonio fue bloqueado; Christopher Pavlovky, empresario dueño de la plataforma de videos canadiense Rumble, que fue bloqueada en Brasil en 2023 por orden del STF por publicar contenido disidente del gobierno; y el académico brasileño Fabio de Sa e Silva, profesor en la Universidad de Oklahoma, que estudia estudia la organización social y el impacto del Derecho y los abogados en Brasil y está diseñando una investigación comparativa sobre cómo los autócratas en ascenso utilizan la ley para amasar poder y qué se puede hacer para detener sus movimientos.
El presidente del Subcomité expresó que “debido a la gravedad de las cuestiones, y con el fin de garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se lleven a cabo sobre la base de información precisa”, le solicita a De Moraes a responder siete preguntas relacionadas con: la existencia actual de censura; la emisión de órdenes para el cierre o suspensión de medios de comunicación en Brasil; la existencia de medidas de procesamiento o investigación contra parlamentarios opositores al actual gobierno; la observancia del debido proceso legal en investigaciones y procesamientos, incluyendo notificaciones adecuadas a residentes en EE.UU.; el conocimiento de represión transnacional utilizando agencias estadounidenses o internacionales, como el FBI contactando a residentes estadounidenses por órdenes brasileñas; la emisión de órdenes contra empresas o individuos fuera de Brasil, incluyendo EE.UU.; y la exigencia a empresas o personas estadounidenses de cumplir órdenes cuestionables según la legislación brasileña, incluyendo amenazas de acciones legales o bloqueos en Brasil.
“Le ruego respetuosamente que me proporcione una respuesta en el plazo de diez días hábiles, ya que actualmente estoy trabajando en legislación relacionada con este asunto con otros miembros de la Cámara”, concluye la carta de Smith.
La persecución política en Brasil
El controvertido juez Alexandre de Moraes se ha vuelto una figura clave del gobierno socialista de Lula da Silva en los últimos años, liderando acciones contra individuos opositores, en su mayoría bolsonaristas, por emitir opiniones críticas contra el presidente.
Entre sus funciones, De Moraes ha dirigido las investigaciones sobre los incidentes ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia en las inmediaciones del Palacio del Planalto, que desencadenaron una serie de eventos desafortunados que el gobierno de Lula ha utilizado para estigmatizar de ‘golpistas’ a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
Asimismo, el magistrado también ha impulsado un control estricto en las comunicaciones del país en los últimos años, bajo el pretexto de eliminar las «fake news».
En este sentido, esta semana el STF anunció una controversial medida que nuevamente atenta contra la libertad de expresión. Se trata de la apertura de una licitación para contratar una empresa que se encargará de monitorear el uso de distintas redes sociales y rastrear a los usuarios que las utilizan.
Según reportó la revista brasileña Veja, la idea es analizar plataformas como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, TikTok y Linkedin de forma permanente y enfocándose principalmente en el análisis de las opiniones de los usuarios relacionadas con las actuaciones del Supremo Tribunal.
Según declaraciones del diputado brasilero Eduardo Bolsonaro -hijo del ex presidente- a Mundo Libre Diario, “Alexandre de Moraes es la persona más poderosa de Brasil”, incluso más que el propio Lula. En reiteradas oportunidades el legislador ha asegurado que Brasil actualmente vive una dictadura.
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