Por Nehomar Hernández – gaceta.es
La Fiscalía General de Bolivia, controlada por el régimen de Luis Arce, solicitó el martes 30 años de prisión contra la expresidente Jeanine Áñez por la presunta comisión del delito de genocidio.
Las acusaciones contra Áñez derivan de la crisis política de 2019, durante las cuales se produjeron diez muertes en la ciudad de El Alto, en medio de protestas en los alrededores de la planta de combustible de Senkata. Por este mismo caso también son señalados tres exministros del Ejecutivo de Áñez y varios militares y policías, para quienes la Fiscalía ha solicitado la imposición de fuertes condenas.
«La Comisión de Fiscales va a requerir la máxima pena, toda vez de que se acreditó la existencia del hecho a través de la prueba documental presentada junto a la acusación», dijo sobre el caso de la exmandataria el fiscal Superior, Sergio Fajardo.
Los argumentos presentados por el ente apuntan que, durante la protesta ejecutada mientras Áñez era presidente, «se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de los manifestantes civiles desarmados».
La expresidente no ha tardado en reaccionar a esta acción, calificando a los integrantes del sistema de Justicia boliviano como «sicarios», al tiempo que ha calificado el proceso de juicio como una «patraña». Además, Áñez ha asegurado estar siendo sometida a técnicas de «tortura blanca» y maltratos en la cárcel de La Paz en la que se encuentra recluida.
«Los sicarios del gobierno Liz Avilés, Germán Ramos y Marco A Vargas Tribunal 6º de La Paz, son los mismos que me someten a juicio ilegal en Patraña 3 (EBA) como en Patrañas 1 (t4rrorismo) y 2 (incumpl. deberes) Aplican la tortura blanca obedientes en maltratarme y violan la CPE», señalaron los familiares de Áñez a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter).
El largo calvario de Áñez
La expresidente Jeanine Áñez se encuentra detenida desde marzo de 2021. Posteriormente fue sentenciada a 10 años de prisión por los presuntos cargos de «desobediencia de deberes» y tomar «decisiones opuestas a la Constitución». Dicha sentencia fue confirmada en diciembre de 2022 por el Tribunal Supremo de Justicia del país andino.
Paralelamente, la exmandataria es acusada en medio del llamado «caso golpe de Estado 1», en el que se le señala por los supuestos delitos de «terrorismo», «sedición» y «conspiración».
Durante su prisión, Áñez ha señalado reiteradas violaciones a sus Derechos Humanos. Sus defensores han denunciado la vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia en medio de los juicios que se le siguen, así como la negativa del régimen de Arce a proporcionar atención médica adecuada para sus padecimientos de salud.
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