Nicolás Maduro encendió las alarmas del continente y de la comunidad internacional tras el deterioro institucional, la falta de transparencia, y la sistemática violación de derechos humanos del régimen.
En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay expresaron su preocupación por el hostigamiento y la persecución que enfrenta la oposición en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio.
En el comunicado se exige el cese inmediato de estas prácticas y la liberación de los presos políticos, así como el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del régimen venezolano, incluyendo la emisión de salvoconductos para los opositores asilados en la Embajada Argentina en Caracas.
Por su parte, el presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, hasta el momento su aliado en la región, expresó su preocupación por la amenaza de Maduro de que habrá un «baño de sangre» si pierde las elecciones del próximo domingo, enfatizando que en una democracia, el perdedor debe aceptar su derrota y prepararse para futuras elecciones.
Lula, en conversaciones con Maduro, le sugirió respetar el proceso democrático, enfatizando que las elecciones representan una oportunidad crucial para la normalización y reintegración de Venezuela a la comunidad internacional. Lula ha solicitado una amplia presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia en el proceso electoral.
María Corina Machado, la líder de la oposición, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023, con más del 92% de los votos, lo que le valió ser la candidata única para enfrentar al régimen. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitó de forma arbitraria, impidiendo su candidatura a las elecciones.
La Unión Europea y numerosos países de la comunidad internacional han condenado enfáticamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la aplicación del Acuerdo de Barbados. Estados Unidos, tras el acuerdo por parte del gobierno de Biden de eliminar las prohibiciones comerciales y liberar millones de dólares de ayuda humanitaria, el pasado abril retiró su apoyo.
Las encuestas indican que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, lleva ventaja, lo que ha llevado a Maduro a incrementar los ataques verbales en su campaña. Recientemente, el Ministerio Público de Venezuela ha ordenado la aprehensión de integrantes del equipo de Vente Venezuela, entre los que se encuentran Antony Vega, dirigente político y ex preso político recluido en El Helicoide. Antony es uno de los protagonistas del documental Ecos de Libertad, donde se narran las terribles historias de los presos políticos asilados en el mayor centro de torturas de América Latina.
Sumado a esto, millones de venezolanos en el extranjero no podrán votar debido a las estrictas restricciones impuestas por el gobierno chavista. De un estimado de ocho millones de venezolanos en la diáspora, solo 69.211 están habilitados para sufragar, una cifra notablemente inferior a los 110.000 de elecciones anteriores.
Esta situación genera una gran frustración para los millones de venezolanos en todo el mundo con intenciones de participar en los comicios, ya que muchos, motivados por la crisis política, económica y migratoria de su país, anhelan un cambio. A pesar de la organización de la oposición en el exterior y la minuciosa vigilancia internacional, persiste el temor de que el régimen de Maduro manipule los resultados y no acepte la derrota.
Si la oposición no logra superar a Nicolás Maduro en las elecciones del próximo domingo, recién en 2030 los venezolanos podrán votar en su contra. Mientras más se dilate la recuperación democrática en Venezuela, más difícil será la reconstrucción de sus instituciones y del deterioro social en que se encuentra el país. En consecuencia, la democracia y los derechos humanos de América Latina se verán vulnerados hasta que ello acontezca.
Angelo Bardini es Coordinador de Comunicación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
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