Por Miguel Díaz – MDZ
Luego de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, y de la esperada victoria de la oposición, el régimen de Nicolás Maduro avanzó en una implacable represión y persecución, no solo hacia opositores sino también hacia las millones de personas que osaron manifestarse contra el fraude perpetrado por los cabecillas socialistas.
El modus operandi, ejecutado a partir desde el mismo momento en que se cerraron las urnas, demuestra que Maduro y sus secuaces habían desarrollado un plan meticuloso para sostenerse en el poder -a cualquier precio- ante el inevitable revés electoral.
La represión en las calles, la falsificación de las actas, el control social digital y la censura en Internet, entre otras medidas, proyectan el modelo que tendría pensado el dictador socialista para aplicar en su tercer mandato: el del Partido Comunista Chino.
En una transmisión en vivo por Instagram el martes, quedó registrado cómo agentes del régimen socialista ingresaban por la fuerza a la vivienda de María Oropeza, coordinadora regional de Vente Venezuela en el estado de Portuguesa.
“Yo no hice nada malo. Yo no soy una delincuente. Yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, se le escucha decir a Oropeza, una abogada conocida por denunciar detenciones arbitrarias, en el estremecedor video, segundos antes de que se la llevaran.
La forma en que se vulneraron los derechos más básicos cuando secuestraron a Oropeza se asemeja a los múltiples reportes que detallan cómo el régimen comunista chino persigue a los disidentes. No existe nada parecido al debido proceso. De hecho, hasta el momento de escribir esta nota, no había noticias sobre el paradero de la dirigente venezolana.
Por supuesto, el caso de Oropeza no está aislado. Según ella misma había denunciado minutos antes de ser arrestada, 1.100 ciudadanos habían sufrido detenciones arbitrarias en los últimos 8 días. ¿El régimen de Maduro está dispuesto a pisotear el estado de derecho tal como lo hace el comunismo chino al perseguir a abogados de DD. HH. o a creyentes como los cristianos o los practicantes de Falun Gong?
El dragón rojo tiene en la mira a Venezuela desde hace tiempo y ha venido ejecutando su sutil estrategia utilizando a dirigentes chavistas como “socios” para quedarse con el país sudamericano. Gigantes financieros, como el Banco de Desarrollo de China y el Eximbank, han inyectado más de 62 mil millones de dólares en préstamos a Caracas desde el 2005 hasta el 2018. La cifra supera con creces los créditos habituales que ha desembolsado el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano en ese período a otras naciones más solventes en la región.
Los préstamos chinos no llegaron a partir de 2005 por mera casualidad. El año anterior, el fallecido líder socialista Hugo Chávez Frías se afianzó en el poder y se aseguró su estadía en el Palacio de Miraflores -hasta su muerte- tras incorporar en el sistema electoral de su país -de manera permanente- el cuestionado software electrónico de conteo de votos que le encargó a la compañía Smartmatic.
Obviamente, Beijing prestó, prestó y prestó apuntando a los sectores que más le interesan: energía, infraestructura y minería.
De pronto, en 2018, la expansión financiera china en Venezuela hizo una “pausa”. El régimen de Xi Jinping, en lugar de otorgar nuevos préstamos o de entrar en un proceso de renegociación de la creciente deuda, apostó por un proceso de “esperar y ver” cómo honraba Caracas sus compromisos. Como era de esperarse, Venezuela no pudo pagar.
Al día de hoy, el régimen de Maduro debe más de un tercio del dinero que pidió prestado a China. Sin embargo, Venezuela no está ni cerca de estar en condiciones para afrontar la deuda (muy atrás en el tiempo quedaron los años de bonanza petrolera que beneficiaron a Chávez). Pero Beijing no parece preocuparse, porque poco a poco ha ido metiéndose en este país rico en recursos naturales. Todo estaba fríamente calculado desde el comienzo.
En este marco de maniobras espurias, no sorprende que el régimen chino no solo haya sido uno de los primeros en reconocer a Maduro como vencedor de los comicios sino que intervino de inmediato para ayudarlo a legitimar la farsa de su supuesta “victoria” electoral. Recordemos que tan solo unas horas después de anunciar su “triunfo”, el líder bolivariano denunció que Elon Musk estaba detrás de supuestos hackeos al sistema electoral de su país (?) y que, por ello, había acudido a la asesoría rusa y china por estos “ataques”.
Al parecer, la “asesoría” china consiste en la impresión de actas falsas de votación. Esto fue denunciado el 30 de julio por el exvicepresidente de Colombia, Francisco «Pacho» Santos.
De acuerdo a la información provista por Santos, tan solo en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado de Miranda, había un equipo de 150 empleados del ente electoral trabajando en las actas falsas. Todos ellos eran supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas (quienes pertenecen a los fabricantes de las máquinas que falsifican las actas).
La denuncia del exvicepresidente de Álvaro Uribe brindó detalles minuciosos, como por ejemplo, que los trabajadores vestían ropa interior gris, sin bolsillos y que los tenían sin celulares, presumiblemente para evitar filtraciones. Santos añadió que «los chinos llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy [30 de julio], a bordo de un vuelo de [la aerolínea venezolana creada por Hugo Chávez] Conviasa».
Desde entonces, el CNE estaría ejecutando ese plan para presentar ante observadores internacionales la “evidencia” de que Maduro “ganó”. Por ello no sorprende que, al día de hoy, el CNE no haya entregado las actas de votación. Según algunos informes independientes, estas “pruebas” se presentarían ante la comunidad internacional en unas dos semanas. Nuevamente: Todo estaba fríamente calculado.
Pero como iba a llevar unos cuantos días el trabajo meticuloso de falsificar las actas, el régimen sabía que el pueblo venezolano iba a volcarse masivamente a las calles para protestar. Y no se equivocó. Sin embargo, ya tenía un plan para tal fin.
Siguiendo el “estilo chino”, además de la represión, el chavismo acudió a una app para “cazar” a los que protestaban. Lanzada en 2022 bajo el pretexto de mejorar los servicios públicos, la gubernamental VenApp se convirtió en un arma de control social para vigilar, identificar y denunciar a opositores. La analogía con el sistema de crédito social chino es inevitable.
El mismo martes 30 de julio, Maduro declaró abiertamente sus intenciones frente al Palacio de Miraflores: «Vamos a abrir una ventana especial en la VenApp para toda la población venezolana, para que de manera confidencial me pongan los nombres de los delincuentes que han atacado al pueblo».
“Los vamos a descubrir y a capturar a todos… Nosotros, de esta, una vez más, salimos victoriosos”, aseguró el dictador.
En China, el régimen totalitario comunista obliga a los ciudadanos a usar el celular para prácticamente cualquier actividad social: desde usar servicios básicos como el transporte público hasta ser asistido en un hospital o realizar una transacción bancaria. De esta forma, las autoridades de Beijing otorgan “puntos” a los “buenos ciudadanos” para que sean privilegiados y castigan a los “malos ciudadanos” condenándolos -en el peor de los casos- al ostracismo y la indigencia. Léase que en esta última categoría aparecen no sólo activistas democráticos, sino cualquier persona cuyo pensamiento o creencia no se alinee incondicionalmente a la doctrina estatal del Partido Comunista Chino (PCCh).
VenApp sigue los mismos pasos. De hecho, requiere de permisos invasivos al instalarse, tales como la geolocalización en tiempo real, cámara, calendarios, contenido de tarjetas SD e incluso la capacidad de enviar correos electrónicos sin conocimiento del usuario.
Su integración con otros sistemas como el Carnet de la Patria y el sistema Patria crea un ecosistema de vigilancia que permite al gobierno recopilar, analizar y explotar datos de los ciudadanos con fines de control político y electoral.
En China, el PCCh controla las redes sociales más populares como WeChat, que son utilizadas para monitoreo y control social. Otras, las que no pueden ser interferidas, directamente están prohibidas (como X o Instagram).
Venezuela, al menos hasta hoy, está lejos de tener la ingeniería y el desarrollo para controlar redes sociales o sistemas de mensajerías. Por eso, al parecer, directamente avanzaría en prohibir apps -sobre todo las que usan los más jóvenes- como Instagram, e incluso ha instado recientemente a la población a dejar de usar Whatsapp.
Pero esta semejanza entre el plan trazado por Caracas y lo que ya ha pasado en China no debería sorprender. En mayo de este año, el hijo del dictador socialista, el diputado Nicolás Maduro Guerra, anunció que presentará próximamente un conjunto de proyectos de ley basados en el “modelo chino”.
El influyente legislador, que es titular del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-China, realizó el anuncio al regresar de una visita al país asiático. De esta forma, el régimen de Caracas se adelantó a lo que vendría luego del 28 de julio y planificó el camino para enfrentar los desafíos económicos y las sanciones internacionales que es esperable que sufra el país sudamericano tras el fraude electoral.
A pesar de los atropellos del gobierno chavista, en comparación con el régimen totalitario comunista chino, hoy Venezuela goza de mayores libertades (tanto en el plano económico como en lo político y social). El país asiático, según el informe anual de Freedom House, encabeza las naciones menos libres del mundo. Sin embargo, en caso de perpetuarse en el poder, todo parece indicar que Maduro llevará al país sudamericano por ese camino. La pregunta del millón es: ¿Venezuela ya está condenada a ese destino o todavía está a tiempo de escapar de la tragedia socialista?
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