Fuente: Informe Orwell
En un controvertido giro en la lucha contra los supuestos «delitos de odio», el fiscal Miguel Ángel Aguilar ha planteado una propuesta que podría cambiar radicalmente el uso de las redes sociales en España. Durante una entrevista reciente, Aguilar sugirió la modificación del código penal para obligar a que todos los usuarios de redes sociales se identifiquen y para prohibir el acceso a estas plataformas a quienes sean condenados por «incitar al odio en línea».
Esta propuesta surge en un contexto en el que la Fiscalía está investigando una serie de mensajes «falsos» y «de odio» que han circulado en las redes sociales tras el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo.
Sin embargo, la sugerencia de obligar a la identificación de todos los usuarios en redes sociales ha despertado una preocupación considerable en torno a los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión. Muchos críticos consideran que esta medida podría ser un primer paso hacia la censura y la vigilancia masiva, afectando no solo a quienes cometen delitos, sino también a la ciudadanía en general, cuyo derecho a la privacidad y a expresarse libremente podría verse comprometido.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales han expresado su alarma ante esta posible reforma, argumentando que la identificación obligatoria podría tener un efecto disuasorio sobre el discurso legítimo y que podría ser usada para silenciar voces críticas.
Estas declaraciones se dan en un contexto en el que el mandatario socialista, Pedro Sánchez, ha declarado en repetidas ocasiones que lo que el llama «extrema derecha» genera bulos y «discursos de odio» en Internet, solicitando la regulación del uso en redes sociales.
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