Lucas Riveiro – Gaceta.es
El más reciente pedido de juicio político contra el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), presentado por parlamentarios de la oposición, se basa en acusaciones de uso político de la Justicia para perseguir a opositores, periodistas y ciudadanos comunes, además del avance de la censura y medidas autoritarias. El documento, de 53 páginas, fue presentado en el Senado el 9 de septiembre de 2024 y formaliza las quejas de la oposición, que consideran que Moraes ha cometido abusos de poder. El proceso fue recibido por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quien ahora tiene la responsabilidad de decidir si avanza o no con el pedido.
Antecedentes: el 7 de Septiembre y el aumento de la insatisfacción con el autoritarismo
La creciente insatisfacción con la actuación de Moraes alcanzó un nuevo nivel tras los eventos del 7 de septiembre de 2024. En este feriado, el contraste entre las manifestaciones populares y el desfile oficial del gobierno fue evidente. En Brasilia, el Gobierno de Lula y sus aliados, incluido Moraes, intentaron demostrar fuerza con un desfile militar. Sin embargo, como relató el periodista J.R. Guzzo, «el desfile Lula-Moraes del 7 de septiembre tuvo tanque de guerra, misiles, tropas marchando, pero no tuvo pueblo«. La baja adhesión popular contrastó con la fuerte presencia de militares y autoridades, lo que reforzó la percepción de un distanciamiento entre el Gobierno y la sociedad.
Mientras tanto, en São Paulo, miles de manifestantes llenaron la Avenida Paulista en una protesta contra el avance del autoritarismo y la censura, clamando por el juicio político a Moraes y la amnistía para los presos políticos de los actos del 8 de enero. La pauta central de la protesta no era meramente una divergencia política, sino una reacción contra lo que los manifestantes consideran una escalada de la persecución judicial promovida por Moraes, que estaría violando derechos fundamentales y restringiendo la libertad de expresión.
El bloqueo de la plataforma X (anteriormente Twitter), determinado por Moraes a finales de agosto de 2024, fue uno de los actos más criticados e intensificó la presión para su destitución. El bloqueo fue visto como una medida autoritaria y desproporcionada, y la reacción fue inmediata, incluyendo manifestaciones públicas de Elon Musk, quien calificó la decisión como un ataque a la libertad de expresión.
El pedido de juicio político: detallando las acusaciones
El documento que respalda el pedido de juicio político contra Alexandre de Moraes enumera una serie de acusaciones graves contra el ministro. Firmado por 152 diputados y respaldado por 31 senadores, el pedido fue elaborado por el exjuez Sebastião Coelho y parlamentarios como Marcel Van Hattem (Novo-RS), Bia Kicis (PL-DF) y Rogério Marinho (PL-RN). Entre los crímenes de responsabilidad citados, se encuentran:
1. Emitir juicio cuando, por ley, es sospechoso en la causa: se acusa a Moraes de no declararse sospechoso en investigaciones y procesos que involucran a figuras públicas conservadoras, lo que violaría el principio de imparcialidad. La denuncia afirma que habría conducido investigaciones fuera de sus atribuciones y con motivación política.
2. Negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo: el documento señala que el ministro habría ignorado solicitudes de liberación de presos de manera injustificada, prolongando la detención de personas sin antecedentes penales y con problemas de salud. Uno de los casos citados es el de Cleriston Pereira da Cunha, conocido como «Clezão», quien murió en la prisión de Papuda después de que se ignoraran sus solicitudes de liberación, a pesar de la recomendación de la Procuraduría General de la República de que fuera liberado con el uso de una tobillera electrónica.
El documento señala: «La fatídica y completamente evitable muerte de Cleriston Pereira da Cunha es solo un ejemplo de las infinitas injusticias y rupturas del Estado Democrático de Derecho con el objetivo de imponer una falsa narrativa de golpe de Estado, en la cual se acusó a numerosos padres, madres, abuelos y abuelas. La gran mayoría de ellos fueron víctimas de los eventos, atrapados en pleno domingo (08/01/2023) en medio de una ola de violencia lamentable. Ciudadanos dignos, sin antecedentes penales, muchos portando solo una bandera de Brasil y una Biblia, fueron tratados como peligrosos terroristas».
3. Proceder de manera incompatible con el honor, la dignidad y el decoro de sus funciones: según el pedido, las acciones de Moraes, como el bloqueo de cuentas en redes sociales, la retención de pasaportes y la censura a figuras públicas, constituyen abuso de poder. Los mensajes revelados por Folha de Sao Paulo muestran que Moraes encargó informes informales del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre figuras conservadoras, como el periodista Rodrigo Constantino y el ex-presentador Paulo Figueiredo, después de finalizado el período electoral, algo que la oposición clasifica como una persecución sistemática.
El documento también recuerda el caso de Débora dos Santos, una humilde peluquera de 38 años, acusada de «atentar contra el Estado Democrático de Derecho» por escribir con «lápiz labial» la frase «perdiste, idiota» en la estatua de la Justicia frente al STF el 8 de enero. El mensaje era una referencia a una declaración del presidente de la Corte, Luís Roberto Barroso, a los votantes de Bolsonaro en noviembre de 2022, en Nueva York. Débora, una mujer religiosa, madre de dos niños pequeños (uno de 6 años y otro de 9), ha estado encarcelada desde el 17 de marzo de 2023, habiendo sido acusada formalmente 15 meses después de su arresto, a pesar de los repetidos pedidos de su familia y abogado (ocho solicitudes de arresto domiciliario).
Otro caso destacado es el de Karina Rosa dos Reis, quien vio «denegada su solicitud» para retirar su tobillera electrónica para realizar exámenes y «tratamientos contra un cáncer con metástasis en el hígado».
El documento también menciona los casos del exasesor internacional de Bolsonaro, Filipe G. Martins, y del exdirector de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Marques, quienes estuvieron detenidos varios meses sin cargos, así como el del exayudante de órdenes de la Presidencia, Mauro Cid. Martins demostró que nunca había salido de Brasil, lo que había sido motivo de su arresto preventivo. Además, Moraes le prohibió dar entrevistas a la prensa tras su liberación. Mauro Cid fue liberado solo después de firmar un acuerdo de delación premiada. Tras la publicación en el medio Veja de audios en los que hablaba de la presión indebida de la policía para incriminar a Bolsonaro, fue nuevamente arrestado.
Además, el documento menciona el «bloqueo de los bienes de Starlink» (empresa de Internet por satélite de Elon Musk, sin relación con X y «la imposición de multas diarias de 50.000 reales a quienes utilizaran VPNs para acceder a la plataforma en Brasil», como ejemplos de decisiones desproporcionadas y que generan inseguridad jurídica.
El pedido también alega los siguientes crímenes cometidos por Moraes:
– Emplear pruebas manifiestamente ilícitas.
– Requerir investigaciones sin indicios de la práctica de un crimen.
– Prolongar injustificadamente la investigación, perjudicando al investigado.
– Negar al investigado o al abogado el acceso a los autos de la investigación.
– Ordenar arrestos sin base legal.
– Iniciar o proceder con una persecución penal, civil o administrativa sin causa justificada o contra alguien sabidamente inocente.
– Exigir información o cumplimiento de obligaciones sin amparo legal expreso.
La posibilidad de que prospere el juicio político: obstáculos políticos y maniobras
Aunque el pedido de juicio político contra Moraes ha generado una gran movilización, su aceptación depende exclusivamente de la voluntad política del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Hasta el momento, Pacheco se ha mostrado reacio a poner el pedido en la agenda, y según informó Poder360, la posibilidad de que el proceso avance es prácticamente nula. Pacheco, que mantiene una relación cercana tanto con Moraes como con el Gobierno de Lula, declaró que tomará una «decisión fundamentada» y que tendrá en cuenta «criterios técnicos y políticos».
Para presionar a Pacheco, la oposición ya está articulando estrategias más incisivas. Una de las principales amenazas es la obstrucción de las votaciones en el Congreso, especialmente de la reforma tributaria, que se considera una prioridad para el gobierno. La reforma, que ya fue aprobada en la Cámara y ahora está en el Senado, es una de las mayores apuestas del Gobierno de Lula para dar un nuevo impulso a la economía. Parlamentarios de la oposición, como el senador Carlos Portinho (PL-RJ), afirmaron que presionarán a Pacheco diariamente para que responda al pedido de juicio político. «El presidente debe convocar a la Mesa Directora para deliberar», dijo Portinho.
Otra estrategia de presión involucra «manifestaciones populares en el bastión electoral de Pacheco, Minas Gerais«. Después del acto del 7 de septiembre en la Avenida Paulista, los líderes de la oposición planean nuevas movilizaciones en territorio minero, con el objetivo de aumentar la presión sobre el senador. Sin embargo, el avance del juicio político dependerá de la capacidad de la oposición para movilizar al Senado y aumentar el desgaste político de Pacheco.
Analistas políticos creen que la oposición podría haber encontrado un punto débil en Pacheco al condicionar la aprobación de la reforma tributaria al avance del juicio político a Moraes. Según el especialista Marcus Deois, de la consultora política Ética, «si el presidente quiere aprobar el proyecto este año, necesitará negociar más».
Sin embargo, otros analistas, como el profesor Antônio Flávio Testa, son escépticos sobre las posibilidades reales de que prospere el juicio político, ya que el Ejecutivo, aliado con el Poder Judicial, «no escatimará esfuerzos para impedir el proceso».
El pedido de juicio político a Alexandre de Moraes refleja el clima de insatisfacción con lo que la oposición considera un uso político de la Justicia y el avance de la censura en Brasil. La aceptación del pedido depende de una compleja articulación política en el Senado, pero la oposición ya ha demostrado que no pretende retroceder fácilmente, utilizando estrategias como la obstrucción de agendas y la presión popular. Si el proceso avanza, sería la primera vez que un ministro del STF enfrenta un juicio de esta naturaleza, lo que podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre los poderes en Brasil.
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