Por Joana Campos – Gateway Hispanic
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha vuelto a estar en el centro del escenario político internacional, esta vez por las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos debido a su implicación en actos de corrupción.
Noticia confirmada por Mattthew Miller quien es el portavoz del Departamento de Estado, esto fue a través de su perfil en X:
Esta decisión marca un hito significativo en la lucha contra la corrupción en América Latina, un tema que ha sido recurrente en muchos gobiernos de la región, especialmente en aquellos con inclinaciones populistas y de izquierda, como es el caso de Correa.
La sanción: un mensaje contundente
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció a principios de octubre de 2024 la prohibición de entrada a Correa y a su exvicepresidente, Jorge Glas, a territorio estadounidense. Esta medida incluye también a sus familiares cercanos, como sus cónyuges y sus hijos mayores de edad.
Según el comunicado oficial, Correa y Glas «abusaron de sus posiciones» al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos estatales, principalmente durante su mandato en Ecuador (2007-2017). Este movimiento busca dejar claro que ni la posición política ni el rango protegen a los implicados de ser responsables por actos corruptos.
El caso Sobornos y las acusaciones
Correa ya había sido condenado en 2020 por el famoso «caso Sobornos», en el cual se le vinculó a un esquema de corrupción en el que altos funcionarios de su gobierno solicitaban sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.
Estos fondos, según la investigación, fueron destinados a financiar campañas políticas de su partido, Alianza PAIS, perpetuando el poder de su gobierno. Junto a Correa, otros 19 funcionarios, incluyendo a Jorge Glas y exministros de su administración, también fueron sentenciados.
Correa: entre la negación y el exilio
Desde su condena, Correa se ha mantenido en el exilio en Bélgica, país donde reside junto a su esposa, Anne Malherbe Gosselin. A lo largo de estos años, el expresidente ha negado reiteradamente todas las acusaciones en su contra, calificando las sentencias como una persecución política liderada por sus opositores en Ecuador.
En sus redes sociales y en entrevistas, Correa ha desestimado las sanciones estadounidenses, afirmando que no tiene interés en viajar a ese país y tachando el acto como una estrategia política más.
Sin embargo, la realidad de los hechos y la contundencia de las pruebas en su contra han sido suficientes para que tanto Ecuador como Estados Unidos actúen en consecuencia.
Jorge Glas: de la cárcel a la huelga de hambre
El caso de Jorge Glas es igualmente emblemático. Luego de haber sido condenado por su participación en la trama de corrupción, Glas fue encarcelado en Ecuador. Durante su estancia en prisión, intentó suicidarse y llevó a cabo varias huelgas de hambre en señal de protesta, exigiendo su liberación y alegando que su encarcelamiento era una represalia política.
A pesar de estos gestos desesperados, el sistema judicial ecuatoriano ha sido firme en su decisión de mantener la condena y rechazar cualquier intento de habeas corpus presentado por su defensa.
Implicaciones para Ecuador y la región
Las sanciones impuestas por Estados Unidos no son solo un golpe directo a Correa y su círculo cercano, sino también un mensaje claro para América Latina. Washington ha mostrado, a través de estas acciones, su disposición a actuar en contra de líderes corruptos, sin importar su afiliación política.
Para Ecuador, este veto tiene múltiples implicaciones. Por un lado, refuerza la lucha contra la corrupción que, aunque tardía, está cobrando fuerza en el país. Por otro, pone en evidencia la polarización política que todavía persiste entre los seguidores de Correa y aquellos que lo ven como el principal culpable de la crisis institucional que atraviesa el país.
En el panorama latinoamericano, esta decisión también sirve de advertencia a otros líderes populistas que han sido acusados de corrupción y que, al igual que Correa, han intentado escudarse en el discurso de la persecución política.
La sanción contra el exmandatario ecuatoriano sigue la misma línea de acciones tomadas previamente por EE.UU. contra líderes como Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua, creando un patrón claro de presión internacional en contra de la corrupción y el autoritarismo en la región.
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