Fuente: La Gaceta de la Iberosfera

La administración del presidente Joe Biden ha sido objeto de polémica en las últimas semanas por impulsar políticas que permitirán a las autoridades gubernamentales retirar la custodia a padres adoptivos que no validen o «afirmen» la disforia de género de sus hijos, según una reciente investigación publicada por el Daily Caller y adelantada por Voz Media.

El informe detalla que el gobierno federal ha implementado una normativa que obliga a los estados a garantizar que los niños adoptados que se identifican como LGBTQ sean colocados en hogares que respalden la afirmación de género. Si los padres adoptivos no reconocen la identidad de género del menor, esta omisión podría ser calificada como «maltrato infantil».

Alex Roque, director del Centro Ali Forney en Nueva York, que ofrece asistencia a jóvenes LGBTQ sin hogar, participó en un seminario virtual organizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) el año pasado. En su intervención, Roque abordó la necesidad de reformar los sistemas de protección infantil en todo el país, subrayando que los hogares adoptivos deben practicar la afirmación de género. Según él, no hacerlo debería ser considerado un abuso, similar a la negación de alimentos o educación.

Esta postura, promovida por figuras como Roque, está alineada con las políticas de la administración Biden-Harris, según lo revelado por el Daily Caller. El medio también asegura que, en la creación de una nueva norma sobre el acogimiento familiar, que fue finalizada en abril, los funcionarios del HHS se basaron en el modelo desarrollado en el condado de Cuyahoga, Ohio. Este condado ha sido pionero en implementar un programa que obliga a los padres a apoyar cualquier manifestación de identidad de género de sus hijos adoptivos. Aquellos que se niegan a hacerlo podrían perder la custodia.

El programa en Cuyahoga, financiado con subvenciones federales, sirvió de inspiración para el diseño de estas políticas. Según documentos obtenidos por el Daily Caller, la normativa federal establece que los menores con disforia de género deben ser ubicados en hogares que favorezcan su percepción de identidad, incluso si esto implica permitir el acceso a tratamientos médicos que podrían tener consecuencias permanentes, como bloqueadores hormonales, hormonas de transición o cirugías de reasignación de sexo.

En el condado de Cuyahoga, por ejemplo, se insta a los padres adoptivos a proporcionar a los niños con disforia de género artículos como fijadores de pecho o prótesis para respetar su autopercepción de género. Esta política ha sido ampliamente elogiada por activistas como Julie Kruse, asesora del DCFS en Iniciativas LGBTQI, quien ha reconocido al condado como un modelo en la implementación de estas medidas.

Sin embargo, no todos apoyan estas políticas. En septiembre de 2023, cuando se anunció la nueva regulación, surgió una fuerte oposición de 19 estados, mayoritariamente republicanos, quienes argumentaron que estas normativas violaban los derechos de libertad religiosa y de expresión. Los opositores también advirtieron que estas reglas limitarían la participación de organizaciones religiosas en el sistema de acogida.

En estados como Vermont y Washington, algunos padres cristianos han perdido sus licencias para adoptar debido a su negativa a afirmar la identidad de género de sus hijos adoptivos. Además, otros casos de padres que han sido considerados «inapropiados» para adoptar o mantener la custodia de sus hijos por no apoyar su transición de género han salido a la luz. Según el Daily Caller, esto indica que estos incidentes no son hechos aislados, sino parte de una tendencia más amplia impulsada por programas respaldados con fondos federales.

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