Por Mamela Fiallo Flor – GateWayHispanic.com
La libertad de expresión está restringida en Brasil. Incluso hay redes sociales que han dejado de operar, como X. En vista que el poder judicial intentó intervenir en lo que podían decir los políticos de derecha, Elon Musk se negó a censurar y pagó las consecuencias: tener que irse. Pero la justicia brasileña no actúa sola. La administración Biden-Harris habría financiado la censura.
Además de ser una noticia de actualidad, muestra que en la elección venidera se juega no solo la libertad de los EE.UU. sino también de la región y buena parte del mundo.
Así lo reveló un informe publicado por la organización Civilization Works. Son los mismos autores de la serie de informes Twitter Files Brasil y dos colaboradores estadounidenses. Según reporta el portal brasilero Gazeta Do Povo, el gobierno estadounidense ha invertido fondos en Brasil, a través de diversos canales, para proyectos supuestamente destinados a combatir “ desinformación” y “discurso de odio”.
Aunque reconocen que la “desinformación” y el “discurso de odio” no son deseables, aclaran que ninguno de los son delitos según las leyes brasileñas o estadounidenses. Sin embargo, explica que han sido utilizados como pretexto por la izquierda y la administración Biden-Harris para censurar voces disonantes o críticas.
Es más, destacan que la supuesta lucha que ha encabezado la gestión actual de la Casa Blanca está clasificado como censura por el sistema legal estadounidense, ya que es una afrenta a la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad absoluta de expresión.
Financiamiento para promotor de la censura
Según el informe en cuestión, los fondos estadounidenses se han aplicado directa e indirectamente en Brasil en los últimos años. Uno de sus beneficiarios fue el grupo de izquierda Gigantes Durmientes Brasil (Sleeping Giants en inglés), dedicado a la censura de personas y organizaciones de prensa no alineadas con los dogmas del pensamiento progresista. Otro fue un instituto fundado por Felipe Neto.
Para quien no sepa, Felipe Neto tiene 17 millones de seguidores en X. Es cerca del mismo número de usuarios de X en Brasil. En un país de más de 220 millones de habitantes, 1 de cada 10 usa dicha red social. De manera que el alcance de Neto es masivo.
Es más, él mismo reconoce que es necesaria la legislación para que la censura sea constitucional.
El dinero del gobierno estadounidense fluye hacia el Tribunal Supremo Electoral
Más allá de la capacidad de alcance, probablemente lo más grave que revela el informe es que los fondos enviados por la administración Biden-Harris habrían tenido fines electorales.
De acuerdo al informe, el financiamiento indirecto tiene intermediarios como el Atlantic Council, una organización de relaciones internacionales con sede en Washington D.C. que cuenta con departamentos de estado de Estados Unidos entre sus principales financiadores. Una de ellas es Meedan, una organización mundial sin fines de lucro que promete “hacer que los ecosistemas en línea sean más seguros e inclusivos” y recibe dinero de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), un organismo del gobierno federal de EE. UU. que financia la investigación.
Gazeta do Povo explica que Meedan participó en el proyecto “Confirma 2022”, junto con el Tribunal Superior Electoral (TSE), que reunió a las agencias de verificación Lupa, Aos Fatos, Projeto Comprova (de Abraji), Estadão Verifica y UOL. El proyecto, que contó con el apoyo de la propia WhatsApp, era un robot de conversación apodado “Tira-dúvidas” por el TSE, que entonces aún presidía el ministro Alexandre de Moraes. El robot fue desarrollado por Meedan.
“Los usuarios pueden hacer preguntas que surjan de la verificación de datos por parte de la coalición” de agencias, explicó Meedan en ese momento. Una versión del proyecto de ley de “noticias falsas” (PL 2630/2020), para el cual Moraes incluso había hecho sugerencias de artículos y que terminó siendo “resucitado” en una resolución del TSE, preveía el “uso de verificaciones de verificadores de hechos independientes”, es decir, agencias de verificación.
El portal brasilero asegura que existe una preferencia política entre los «verificadores de hechos». Por ejemplo, en junio de 2023, el congreso internacional de verificación de datos Global Fact 10, celebrado en la capital de Corea del Sur, acogió al exjefe de seguridad de Twitter Yoel Roth, uno de los responsables de censurar a Donald Trump en la red social, y al informe del New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden, antes de que Elon Musk comprara Twitter en 2022.
No es un dato menor que dicha red social censuró investigaciones que podían perjudicar la elección de Joe Biden, sobre todo aquello vinculado a su hijo Hunter. Sin embargo, el entonces jefe de seguridad te Twitter dijo que: “no tiene ningún plan para lidiar con la desinformación”.
Ahora, en vísperas de una nueva elección, queda poco tiempo para que el mundo sepa que la presidencia donde Kamala Harris fue la número dos financió no solo la censura sino incidir en la política electoral y legislación de otros países para que estos puedan volver legal la censura, como el caso de Brasil.
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