Celeste Caminos – Mundo Libre Diario
En su primer aniversario de gestión, el gobierno de Javier Milei avanza con una serie de medidas orientadas a reforzar la neutralidad del Estado y garantizar la protección de derechos en el ámbito educativo. Estas iniciativas, materializadas a través de los decretos 1084/2024 y 1086/2024, tienen como objetivos principales eliminar cualquier rastro de culto a la personalidad en los bienes públicos y combatir el adoctrinamiento en las escuelas.
Fin al culto a la personalidad en el Estado
El decreto 1084/2024 prohíbe la utilización de nombres, imágenes y símbolos de carácter personalista en bienes públicos, buscando prevenir su uso como herramientas de propaganda política. La norma establece claramente que: “Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Nacional”.
Además, establece un plazo de diez años desde la caída de una figura pública antes de que su nombre pueda ser utilizado para designar un bien del Estado. También excluye categóricamente a quienes hayan accedido al poder mediante actos de fuerza que vulneren el orden democrático: “Tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema. democrático”.
El decreto también permite a los ciudadanos denunciar violaciones a estas disposiciones a través de una plataforma digital gratuita, reforzando el compromiso con la transparencia y la ética pública.
(El ex Centro Cultural Kirchner, ahora renombrado como Palacio Libertad por el gobierno de Milei)
Modificaciones en la ley de protección de los derechos de la infancia
En paralelo, el decreto 1086/2024 introduce cambios a la reglamentación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños y adolescentes, con un enfoque explícito en la prevención del adoctrinamiento político en el ámbito educativo. La medida establece que imponer una forma de pensar o actuar político partidario constituye una violación de derechos fundamentales como la dignidad, la libertad y la educación. Según el texto, “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes ”.
El Gobierno fundamenta estas reformas en la necesidad de proteger el desarrollo integral de los niños y adolescentes, asegurando un entorno educativo libre de influencias partidarias. Además, destaca el papel crucial de los docentes como garantías de la libertad de pensamiento y conciencia, evitando cualquier acción que limite el desarrollo de ideas o promueva un discurso político único.
Contexto y objetivos políticos
Estas decisiones representan un significativo avance en la agenda de Javier Milei, quien busca consolidar un modelo de gestión enfocado en el respeto a los valores republicanos y la neutralidad institucional. En palabras del propio decreto 1084, el objetivo es evitar que los bienes públicos se conviertan en instrumentos de “imposición forzada a la memoria colectiva” , promoviendo en su lugar un enfoque que privilegie el interés común sobre los personales o partidistas..
La regulación sobre adoctrinamiento político en las escuelas también se alinea con el compromiso de Milei de garantizar la libertad individual desde edades tempranas, buscando una educación centrada en el desarrollo de pensamiento crítico, tal como se expresa en el Pacto de Mayo de 2024, que promueve una educación moderna y libre de influencias externas.
Estas reformas han sido recibidas con diversas reacciones en el ámbito político y social, desde apoyos que celebran la defensa de la ética pública y los derechos de la infancia, hasta críticas que advierten sobre una posible limitación de expresiones culturales o históricas en el espacio público.
Con estas, el gobierno busca reforzar su identidad como un defensor del orden republicano y del ejercicio pleno de las libertades, mientras se posiciona frente a desafíos de carácter cultural y educativo que podrían definir su legado.
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