España da un paso más hacia el control social con el nuevo ‘Registro de datos de viajeros’

Fuente: Informe Orwell

Por: Fernando J. Pérez

El gobierno socialista de Pedro Sanchez ha aprobado una ley que obligará a los turistas y viajeros a dar ya hasta 28 datos para poder hospedarse, bajo multas por incumplimiento.

Desde el pasado día 2 de diciembre ha entrado en vigor la nueva denominada ley de ‘Registro de datos de viajeros’ (Real Decreto 933/2021) y afecta a hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agencias de viajes y determinadas empresas de alquiler de coches. Para ello se ha creado la plataforma digital ‘SES.HOSPEDAJES’ para organizar el registro en toda España, salvo en Cataluña y País Vasco.

Los datos deben registrarse en las primeras 24 horas tras la reserva y guardarse durante al menos tres años en base de datos. La empresa debe garantizar que los datos sean correctos y reportarlos a las autoridades mediante los canales oficiales disponibles.

¿Qué datos estás obligado a proporcionar?

La nueva normativa exige una ingente cantidad de datos (hasta 28) que para muchos va más allá de la seguridad y sobrepasa la línea de la privacidad.

Se requerirán: – Datos del establecimiento: Tipo, nombre, dirección completa, código postal, localidad y provincia. – – – – Datos de los viajeros: Nombre completo, sexo, número y tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, residencia habitual (dirección, localidad, país), teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y parentesco (si hay menores). Datos de la transacción: Contrato (número de referencia, fecha, firmas), ejecución (fecha/hora de entrada y salida) y pago (tipo, identificación del medio, titular, fecha de caducidad y fecha de pago).

Alojamiento no profesional: Añadir nombre completo, sexo, DNI del titular, número de habitaciones y conexión a internet.

Alquiler de vehículos: Parecido al hospedaje, con datos del conductor principal y secundario.

¿Qué ocurre si cliente o empresa no cumplen con la nueva normativa?

Si el viajero se niega a proporcionar la información solicitada o cualquiera de ambas partes (cliente o empresa) falsifica cualquiera de los datos, se pueden enfrentar a: – Infracciones leves. Multas de 100€ a 600€. – Infracciones graves. Multas de 601€ a 30.000€.

A su vez, preocupa la protección de datos ya que se obliga a las propias empresas a que ellas mismas aseguren con buen nivel de ciberseguridad dicho almacenamiento.

¿Qué representan este tipo de medidas?

La nueva ley, que no ha sido bien recibida por parte del sector afectado, sienta un peligroso precedente sobre control por parte de un Estado y entra en consonancia con la dinámica que están aplicando desde la Unión Europea en una ola de control social, censura contra la libertad y vigilancia intensiva en el mundo digital.

Esta abrupta invasión al derecho a la privacidad resalta aún más los tintes autoritarios del gobierno socialista y puede augurar unos primeros pasos para un posterior intento de control y restricción de movimiento, lo cuál enlaza con la idea europea de las ‘ciudades de 15 minutos’; concepto presentado como parte de la Agenda 2030 y vendido al público como una solución sostenible y eficiente pero que levanta dudas al ser percibido como un intento de limitar el desplazamiento y centralizar el control urbano.

A su vez, plantea un posible rechazo por parte de los consumidores tanto nacionales como internacionales; lo cuál podría suponer una decaída en el uso de dichos servicios y por tanto un reajuste económico en lo que supone este sector.

La norma, que inicialmente era aún más brutalmente exigente que la aprobada, sólo se ha esgrimido justificada por parte del gobierno como ‘un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado’.

Diferentes expertos y juristas cuestionan que los datos tengan relación directa con dicho fin. También hay que recordar que Pedro Sanchez gobierna gracias al apoyo de grupos filoterroristas y medio gobierno se encuentra envuelto en una presunta trama de crimen organizado. En este escenario, la adopción de leyes de este tipo suscita preocupaciones legales y éticas.

Continúa la dinámica de los últimos años, donde se han aprobado medidas similares en otros campos que restringen o limitan la libertad de prensa y de pensamiento y favorecen una narrativa única promovida desde las instituciones gubernamentales que sólo responde al control sobre la ciudadanía.