Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
Por Unai Cano
El Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, se encuentra en el ojo del huracán tras su negativa a impulsar una investigación nacional sobre las bandas de grooming (grupos organizados que han perpetrado abusos sexuales a niñas en diversas ciudades británicas). La decisión ha provocado una oleada de críticas, especialmente hacia la diputada Jess Phillips, subsecretaria de Estado parlamentaria para la protección de las mujeres, quien argumentó que estas investigaciones deberían seguir siendo competencia de las autoridades locales que las soliciten.
Esta postura, que evita abordar el problema a nivel nacional, ha sido interpretada como un intento de bloquear cualquier revisión pública sobre el papel de Starmer como director de la Fiscalía Pública (DPP) durante el escándalo de grooming en Oldham, Gran Manchester. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y X, alimentó la polémica al afirmar que Phillips «merece estar en prisión» por lo que calificó como una «vergonzosa» decisión.
Las críticas hacia el Partido Laborista no son nuevas. Desde 2012, se ha denunciado que durante el mandato de Starmer como jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), se desestimaron casos debido al origen étnico de los presuntos autores con el fin de «mantener buenas relaciones con la comunidad». Este patrón se repitió en ciudades como Rotherham, Rochdale y Telford, donde se encubrieron incidentes similares, principalmente involucrando a víctimas de clase trabajadora blanca, muchas bajo tutela estatal o de familias en situación de vulnerabilidad.
Las víctimas eran manipuladas por hombres de origen pakistaní, quienes se presentaban como «novios», las sometían a consumo de alcohol y drogas, y luego las explotaban sexualmente, a menudo pasando a las jóvenes entre distintos grupos de hombres. En Rotherham, un informe independiente documentó al menos 1.400 víctimas menores de edad, algunas de apenas 11 años. Pese a sus testimonios detallados, muchas de las denuncias fueron desestimadas, y las niñas fueron estigmatizadas por supuestamente «provocar» estas situaciones.
Jess Phillips, quien asegura ser una firme defensora de la justicia para las mujeres, ha sido acusada de ignorar deliberadamente el problema de las bandas de grooming. Algunos analistas señalan que su estrecha mayoría parlamentaria de 693 votos y su conflicto con sectores musulmanes locales podrían influir en su posición. Sin embargo, para otros, su postura refleja la actitud general del establishment político, que a menudo desestima el problema como un «pánico moral», como sugieren académicos como Ella Cockbain.
En paralelo, periodistas como Charlie Peters de GB News han continuado investigando este fenómeno. Su trabajo ha generado un impacto significativo, incluso atrayendo comentarios oportunistas de figuras como Robert Jenrick y Kemi Badenoch del Partido Conservador, lo que pone en evidencia la inacción coordinada durante los 14 años de gobierno tory.
Aunque el anterior gobierno conservador creó un grupo de trabajo que afirma haber realizado 550 detenciones, para muchos observadores esta respuesta llega «demasiado tarde y es insuficiente». Las víctimas aún narran cómo, años después de sus denuncias, se encuentran con sus agresores en la calle o en supermercados, lo que resalta la impunidad persistente.
La Policía británica dejó en libertad a 45 musulmanes que admitieron haber violado a menores con una advertencia como castigo
En los últimos cinco años, las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales han emitido simples advertencias a 45 musulmanes adultos por violación y a 1.585 personas por agresión sexual, según un informe publicado por The Mirror. Estas cifras han generado indignación pública y numerosos cuestionamientos sobre cómo se manejan los casos de delitos sexuales en el país.
Las advertencias también se extendieron a delitos como exposición indecente, con 745 adultos y 185 menores amonestados por este motivo. Las advertencias son sanciones utilizadas por las fuerzas del orden en casos en los que los infractores admiten su culpabilidad. Una vez aceptada la advertencia, los culpables deben registrarse en el Registro de Delincuentes Sexuales.
Un portavoz de la policía de Thames Valley, responsable de emitir advertencias a nueve hombres por violación, explicó que estas medidas se adoptan en casos específicos. Entre las circunstancias contempladas se encuentran delitos históricos, situaciones en las que tanto la víctima como el agresor son menores, o casos en los que llevar el asunto a juicio podría no ser lo mejor para la víctima. «En estos escenarios, las decisiones suelen tomarse en consulta con la víctima y con la autorización del Servicio de Fiscalía de la Corona», indicó el portavoz.
La policía enfatizó que estas decisiones están sujetas a un proceso de validación interna y deben cumplir las directrices del Ministerio de Justicia. Según Thames Valley, «la gravedad del delito no es el único factor considerado», ya que también se analizan las circunstancias específicas y el interés público. La fuerza policial afirmó que su compromiso es actuar con firmeza frente a delincuentes peligrosos y buscar la acusación formal cuando sea apropiado.
Sin embargo, este uso de advertencias por delitos sexuales graves ha generado controversia, ya que muchos consideran que puede enviar un mensaje de indulgencia hacia los agresores. El debate se intensifica cuando se observa el número significativo de menores implicados, tanto de víctimas como de infractores, y la percepción de que estas medidas pueden ser insuficientes para abordar el problema de fondo.
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