Por José Gregorio Martínez – Panampost
Regular las redes sociales para controlar el contenido que llega a los brasileños ha sido uno de los principales objetivos del presidente del gigante sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva. En su tercer mandato, a través del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ha bloqueado cuentas de opositores, ha suspendido X en todo el territorio hasta que la compañía pagó una millonaria multa por desafiar la censura y también ha prohibido Telegram. El mecanismo de verificación de datos conocido como fact checkers, que por algunos años mantuvo el conglomerado Meta –que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp–, era ampliamente funcional para los intereses del líder izquierdista, que invocando la excusa del “discurso de odio”, aprovechaba para filtrar los mensajes en las plataformas digitales y silenciar a sus críticos. Pero esto se acabó. La última decisión de Mark Zuckerberg arruina por completo los planes de Lula, quien mostró en las últimas horas su descontento.
“Hay quien quiere que la comunicación digital no tenga la misma responsabilidad de quien comete un delito en la prensa escrita (…) Es como si un ciudadano pudiera ser castigado por lo que hace en la vida real, y no pudiera ser castigado por lo que hace en el mundo virtual”, dijo Lula este jueves en respuesta al anuncio de Zuckerberg de suspender su programa de verificación de datos para sustituirlo por un sistema similar a las notas de la comunidad que implementa Elon Musk en X, lo que el mandatario brasileño calificó como “extremadamente grave”.
Lo que a Lula da Silva le preocupa es que mediante el nuevo mecanismo que usarán las plataformas de Meta, serán los propios usuarios los que tendrán en sus manos el poder de verificar y refutar información falsa o descontextualizada, pudiendo incluso dejar en evidencia cual afirmación incorrecta o dato no confirmado que él divulgue, tal como le ocurre casi a diario en X al presidente colombiano, Gustavo Petro. Para los intereses de Lula resultaba más conveniente que existiera un monopolio centralizado de verificación.
Fue así como durante la campaña presidencial en Brasil, la censura a cualquier mensaje que perjudicara a Lula estuvo a la orden del día, prohibiéndose el uso de términos como “ladrón”, “corrupto” o “exconvicto” para referirse al entonces candidato izquierdista, a pesar de haber estado preso con dos condenas por corrupción en el caso Lava Jato, saliendo en libertad solo por tecnicismos en los procedimientos judiciales por haber sido juzgado por un juez que no tenía competencia en su jurisdicción y no porque se hubiera comprobado su inocencia.
Alexandre de Moraes amenaza a Meta
Apenas Zuckerberg anunció la medida que arruina los planes de censura de Lula, el Ministerio Público de Brasil instó a Meta a que explique si su decisión de suspender el programa de verificación de datos también se aplicará en el país y a partir de cuándo, dándole un plazo de 30 días para que precise las modificaciones en sus políticas de moderación de contenido y si serán aplicados en territorio brasileño. La pregunta que surge aquí es: ¿Por qué habría de excluirse algún país?
Y para que no quedara duda del sesgo ideológico por parte del Gobierno brasileño, el jefe de Políticas Digitales de la Presidencia de Brasil, João Brant, calificó el cambio de políticas en Meta como una “invitación” a la difusión de los “discursos de odio de la extrema derecha”. Y el magistrado Alexandre de Moraes, quien se reunió con Lula en noviembre de 2022, apenas una semana después de haber ganado las elecciones, para presentarle un proyecto para regular las redes sociales, amenazó ahora a Meta con aplicarle las mismas sanciones que impuso recientemente a X si no se ajusta a la legislación brasileña. Con tono arrogante advirtió que las redes sociales “solo continuarán operando” en Brasil, “si respetan la legislación brasileña, independientemente de las bravatas de los dirigentes irresponsables de las ‘big techs’”.
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