Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
El Parlamento iraquí ha aprobado un polémico paquete de enmiendas que otorga a los tribunales islámicos una mayor autoridad en cuestiones familiares como el matrimonio, el divorcio y las herencias, marcando un retroceso en los derechos individuales, especialmente de mujeres y niñas. Esta reforma permite que los clérigos dictaminen según sus interpretaciones de la ley islámica, como la de la congregación chií Jaafari, que establece que las niñas pueden casarse desde los nueve años.
La normativa, que sustituye aspectos de la Ley de Estatus Personal iraquí aprobada en 1959, ha generado una ola de críticas. Esta ley había sido considerada una de las más progresistas de Oriente Próximo y fijaba los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, permitiéndolo a los 15 años solo bajo condiciones específicas y con la autorización de un juez. La reforma, sin embargo, legaliza el matrimonio infantil, una práctica que, según Unicef, ya afecta al 28% de las mujeres en Irak a través de matrimonios religiosos no reconocidos hasta ahora.
Las enmiendas han sido aprobadas en circunstancias cuestionables. Varios parlamentarios denunciaron que se logró un quórum mínimo y que la sesión fue un «caos», con decenas de diputados abandonando la sala antes de la votación. Nour Nafe, diputada opositora, calificó el procedimiento como una «farsa» y criticó la falta de un texto legal claro: «Son una colección de ideas escritas en dos hojas de papel». Incluso legisladoras chiíes como Alya Nassif se manifestaron en contra, describiendo la reforma como una «amenaza para la sociedad y las familias».
El camino hacia la aprobación de estas reformas no ha estado exento de resistencia. Intentos similares en 2014 y 2017 fueron bloqueados tras el rechazo de amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, en agosto del año pasado, grupos conservadores chiíes volvieron a presentar la propuesta, lo que desencadenó protestas masivas de mujeres y jóvenes en ciudades importantes del país. Estas manifestaciones evidenciaron el descontento de gran parte de la población ante lo que consideran un retroceso en derechos fundamentales.
El diputado independiente Sajjad Salem criticó duramente la aprobación de la enmienda, calificándola como un acto de «decadencia y blasfemia» que daña la reputación de Irak. Sus declaraciones reflejan el descontento generalizado entre quienes ven en estas medidas una consolidación de la desigualdad y una amenaza a los derechos humanos.
Esta reforma representa un giro significativo hacia interpretaciones religiosas en el derecho familiar iraquí, profundizando las divisiones sectarias y generando incertidumbre sobre el futuro de los derechos de las mujeres en el país.
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