El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó directamente el viernes a China de la pandemia del covid-19, refiriéndose a éste como el “virus de Wuhan” y anunció oficialmente el fin de las relaciones de su país con la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que acusó de estar controlada por Pekín.
La OMS depende en gran parte de la financiación de la mayor economía del mundo. Según los propios registros de la institución, en el período de dos años que terminó al cierre de 2019, EEUU destinó hasta 893 millones de dólares.
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La administración Trump informó previamente que solo en el año fiscal 2019, el país proporcionó 453 millones de dólares a la organización. En el mismo periodo, China contribuyó con algo menos de 86 millones de dólares aunque en los últimos meses, tras el azote del virus, ha sumado otros 50 millones de dólares en contribuciones a la OMS.
Durante una rueda de prensa desde el Jardín Rosado de la Casa Blanca, el republicano también adelantó que su administración revisará las distintas prácticas de las compañías chinas que cotizan en las plazas bursátiles de EEUU “con el objetivo de proteger a los inversores estadounidenses”.
Wall Street recibió con alivio este anuncio dado que el mandatario no impuso nuevos aranceles ni mostró intención de deshacer la Fase 1 del acuerdo comercial alcanzado con el gigante asiático a mediados del pasado enero.
Cabe recordar que el Senado aprobó la semana pasada en otro voto unánime un proyecto de ley que requerirá que las empresas que recauden capital en los mercados de EEUU certifiquen que “no son propiedad ni están controladas por un gobierno extranjero”, una legislación que busca atar en corto a las compañías chinas.
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Crisis en Hong Kong
Trump también anunció que tomará medidas para comenzar a eliminar el trato especial de Washington con Hong Kong. Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron un día después de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el órgano legislativo chino, de la controvertida ley de seguridad nacional para la ciudad estado.
Durante la última semana, la presión de la administración Trump ha dado un serio giro dado que dicha legislación penaliza la mayoría de las formas de protesta política bajo prohibiciones generales sobre “sedición” y “subversión”. Razones que llevaron al secretario de Estado, Mike Pompeo, a informar al Congreso que ya no puede garantizar que Hong Kong sea autónomo de China.
Un mensaje clave, dado que el Capitolio aprobó a finales del año pasado una legislación que obliga al gobierno federal no solo a certificar el estatus democrático de la que fuera colonia británica sino a imponer sanciones a los que socavan “las libertades fundamentales y la autonomía en Hong Kong”.
Hong Kong ya no es tan importante económicamente para China como lo fue en 1997
Hasta la fecha la ciudad-estado ha contado con un alto grado de autonomía, bajo el plan “un país, dos sistemas”, que China había prometido mantener hasta 2047. Esta condición ha permitido que Washington a través de una ley aprobada en 1992 trate a Hong Kong de forma independiente cuando se trata de asuntos económicos y comerciales. Trump acusó a China de romper su compromiso y optar ahora por “un país, un sistema”.
En estos momentos, Hong Kong no es tan importante económicamente para China como lo fue cuando los británicos entregaron la antigua colonia en 1997, por aquel entonces representaba más del 16% del PIB de China continental. A día de hoy supone menos del 3% pero todavía juega un papel crucial al dar a los bancos y compañías chinas acceso a financiación en dólares y al permitir la entrada de inversión extranjera a China.
El gobierno hongkonés, liderado por Carrie Lam, avisó que cualquier tipo de sanción supondría un “arma de doble filo” dado que no solo dañará los intereses de Hong Kong sino también significativamente los de EEUU, dado que éste ha mantenido un superávit comercial por un total de 297.000 millones de dólares entre 2009 y 2018. Además pueden afectar los intereses de las 1.300 empresas estadounidenses con sede en Hong Kong.
Fuente: El Economista