Debido a la implementación de las medidas de asistencia estatal frente a la pandemia, hoy en día casi 40 millones de personas (89% de la población total) viven en un hogar donde al menos uno de sus miembros percibe algún tipo ingreso proveniente del Estado. De esta colosal cifra se desglosa que existen 21 millones de adultos, los cuales viven con otras 19 millones de personas, que reciben “ayuda” del gobierno.
Desde el comienzo del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, hace ya más de 90 días, el gobierno nacional ha multiplicado casi de manera virulenta -valga la analogía- los mecanismos para paliar los efectos de la pandemia. Programas de ayuda social, subsidios, créditos a tasa cero, bonos, transferencias de refuerzo a distintos organismos y demás instrumentos han sido aplicados con cuestionable eficacia.
Según datos de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso), un organismo técnico de análisis fiscal que brinda soporte a los legisladores y publica informes en su página web, las medidas anunciadas para afrontar la crisis suman en total $1,37 billones. Dicha cifra equivale al 4,84% del Producto Bruto Interno, según la última estimación de $28,5 billones de PBI calculado por la OPC para 2020.
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Ese monto de $1,37 billones se compone de $607.857 millones incluidos en decretos y decisiones administrativas ya incorporados al Presupuesto nacional, más casi $195.000 millones correspondientes a anuncios cuya norma legal aún no fue dictada.
Además, se incluyen otros $571.774 millones sin impacto presupuestario, como son las garantías del Estado a los bancos privados para promover los créditos a las Pymes y monotributistas a tasas bajas o con cero interés.
Según explicó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, de la población total del país, un 47,2% está recibiendo alguna transferencia del Estado, lo cual representa aproximadamente unas 21,3 millones de personas.
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En cifras concretas, de esa cantidad, 8,3 millones reciben el IFE (de los cuales 2,4 millones son IFE-AUH y 1,5 millones IFE-AUH-Alimentar), otros 7,1 millones son jubilados y pensionados (incluyen pensiones no contributivas), 3,2 millones son empleados públicos, 2,3 millones son asalariados privados que reciben ayuda por la ATP, medio millón son monotributistas y autónomos que cuentan con crédito a tasa cero, y hay otros 0,6 millones que reciben una serie de asistencias estatales como salario social complementario (0,5 millón) y seguro de desempleo (0,1 millón).
“El objetivo es tener mirada muy fuerte en la salud. Si el virus se propaga, la economía también se verá perjudicada porque las personas no podrán ir a trabajar si se enferman”, manifestó Kulfas.
Sin embargo, estas palabras han sido repetidas hasta el cansancio desde el gobierno y que, lejos de tranquilizar, agudizan la angustia de miles de empresarios y trabajadores autónomos que cada vez terminan dependiendo más del “Estado presente”.
Con una economía cada vez más deprimida, en la cual no se produce prácticamente nada, la única fuente de ingresos es la recaudación fiscal, que como ya es sabido disminuye con el paso de los días.
Todo esto resulta en un déficit cada vez mayor, el cual no se puede financiar eternamente con emisión monetaria, y claramente nadie va a comprar títulos del gobierno argentino porque, básicamente, nunca paga. El Covid-19, por lo visto, le vino como anillo al dedo al gobierno del presidente Alberto Fernández, ya que cualquier impacto nefasto que la ya infame “cuarentena” genere, será invariablemente atribuido a la pandemia.
Fuente: Derecha Diario.
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