Por Nitu Pérez Osuna
El término lawfare no es nuevo, aunque sí resulta novedoso que se le invoque para defender a los acusados por delitos de corrupción. Más llamativo aún es que precisamente quienes utilizan esta arma contra sus opositores ahora afirman que dicha estrategia la implementan en su contra.
En efecto, miembros del Foro de São Paulo, involucrados en numerosas corruptelas, decidieron protegerse denunciando el uso del lawfare –impúdicamente– afirmando que el sistema judicial es utilizado para perseguirlos, señalarlos, acusarlos y sentenciarlos de culpables, cuando en realidad –según ellos– son inocentes.
Por supuesto, afirman que detrás de la maniobra está la derecha. Es decir, el perseguidor ahora denuncia que le persiguen con sus propias armas.
La punta de lanza de esta estrategia la conseguimos en un libro titulado “Lawfare: Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina”, escrito por nueve autores, incluyendo a Silvina Romano, quien también funge como compiladora de la obra.
Según los autores del libro, Cristina Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Evo Morales, entre otros, son inocentes de los cargos que les imputan, a pesar de la existencia de pruebas abundantes de su culpabilidad.
Se venden como víctimas del “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, como lo detalla el libro convertido en un manual progresista para torcer la verdad.
También afirman que, para lograr sus fines, el lawfare ha modificado el rol del Poder Judicial, el cual “se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes”.
“Es el único poder que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumados a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad”, se lee en el texto.
A los escritores del libro pareciera que no les incomoda que entre las filas de la izquierda se hayan comprobado tantos casos de corrupción. Lo que sí les molesta es que se les critique y señale. Les perturba que se aplique la ley contra funcionarios que –según los progres– lograron que el gobierno, dirigido por mandatarios de las filas del Foro, “recuperara su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público”; les disgusta, además, que “la corrupción esté ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos”.
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Para los autores, los medios de comunicación son cómplices del lawfare: “Medios de comunicación masivos y concentrados operan como periodismo de guerra de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros”, se lee en el libro.
También afirman que la guerra jurídica suele utilizarse en conjunto con la guerra mediática, “manipulando los medios de comunicación para que sirvan como órganos de propaganda con el fin de provocar una enorme presión pública en contra de una persona, un grupo o una causa visualizada como enemiga”.
Los artífices del libro no cesan de acusar a los medios que no les son afectos de tratar “la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado”.
El periodista y presidente del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, escribió en mayo del año pasado una columna titulada: “A vueltas con el lawfare. La nueva agenda de la izquierda”, en la que comentó como los zurdos son precisamente quienes utiliza la guerra jurídica y mediática -lawfare- en sus campañas.
Decíamos al principio de esta entrega que se trata de una estrategia impúdica, cínica, porque los comunistas acusan a la derecha de hacer justamente lo que ellos hacen en los países donde gobiernan los integrantes del Foro de São Paulo.
Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son ejemplo claro de cómo se persigue de manera inclemente a los opositores, recurriendo a la tortura, la cárcel y el exilio forzado. Para ello utilizan el sistema judicial –secuestrado por esos regímenes de izquierda– montando casos, creando delitos y judicializándolos. Luego, los medios de comunicación estatales y los privados, en manos de sus amigos y cómplices, los difunden y amplifican. Cientos de denuncias sobre estas prácticas reposan en organismos internacionales. Venezuela, quizás, tiene el mayor récord.
Los escritores del libro no esconden sus nexos con el Foro de São Paulo, al contrario, la propia página del Foro reseña el “lanzamiento del libro Lawfare: Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina, en Quito, en el cual se debatieron los casos de Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela”.
Según el diario oficialista nicaragüense El 19, la embajada de Nicaragua en Ecuador asistió a la presentación del libro donde “participaron como ponentes el ex-presidente del Paraguay, Fernando Lugo; la Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo, Mónica Valente; la Compiladora del libro, Silvina Romano; y la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien escribió el Prólogo de la Obra”.
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Una vez más se constata que el Foro de São Paulo no descansa. Todas las semanas lleva a cabo algún evento internacional para hacer propaganda, defender sus fechorías, y reclutar incautos; mientras que los movimientos de derecha –salvo contadas excepciones– siguen desarticulados, trabajando cada uno en su propio país. Unidos se puede lograr la defensa y/o rescate de la libertad, la justicia y la prosperidad.
Fuente: gaceta.es
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