Fuente: laprensa.com.ar

La Justicia porteña emitió hoy un fallo que ordena la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, por el cual se dispuso el cierre de las aulas por dos semanas para contener el aumento de casos de coronavirus.

La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires .

La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.

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«La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local», argumentó el tribunal en el fallo.

Y agregó: «Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país».

En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.

El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.

La medida de suspensión de clases presenciales por dos semanas había provocado el rechazo de sectores de la oposición y de grupos de padres preocupados por la educación de sus hijos.

Cientos de vecinos salieron a las calles en distintos barrios de la Ciudad y de la zona norte del conurbano para exigirle al Gobierno que de marcha atrás con la medida, organizando cacerolazos espontáneos.

El Gobierno de la Ciudad sostuvo que las escuelas no son focos de contagio y presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para anular el decreto presidencial.

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También intentó torcer la voluntad de Alberto Fernández, quien tomó una decisión que sorprendió inclusive a integrantes de su propio Gabinete.

El argumento del Gobierno nacional tenía que ver no tanto con los contagios que pudieran generarse en las aulas, donde existen protocolos para que eso no suceda, sino en la circulación que iba a generar una mayor demanda de transporte público para llegar a las escuelas.

El Gobierno de la Ciudad modificó su postura respecto del año pasado, cuando acordó con el Gobierno nacional la suspensión de las clases presenciales frente a la incertidumbre que generaba la irrupción de la pandemia en el país, por lo que no hubo una judicialización del tema.

La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 escuelas que abarcan un total estimado de 600.000 alumnos.

Las comunidades educativas de un conjunto de colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires y de la zona norte preparaba un abrazo simbólico a los establecimientos educativos para las 8:00 del lunes. 

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