Por Santiago Las Heras – gaceta.es

Inflación, control de precios, mentiras y demasiada impunidad. El socialismo de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, se ha acostumbrado a naufragar en las tinieblas de un poder autoritario y despótico. Anuncios falsos y medidas que no están consensuadas. “Tirar para adelante” es la consigna rectora de los atormentados funcionarios del gabinete económico que no encuentran la salida para escapar al flagelo desbordante de la inflación. La política económica es un desastre y los hechos así lo evidencian. Desesperados por la inflación y obstinados en los controles, el Gobierno kirchnerista no encuentra el rumbo y se agrava aún más la crisis.

Con una subida del 4,8%, la inflación minorista de marzo fue la más alta en 18 meses consecutivos y puso en riesgo la meta oficial del 29% para todo el año. Desde el Gobierno aseguran que a partir de abril comenzará a ceder, pero los datos mayoristas conocidos recientemente no apuntan en la misma dirección. Según lo anunciado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios mayoristas aumentaron 3,9% en marzo respecto de febrero y dejaron una fuerte presión para la inflación de abril. En sólo los primeros tres meses del año acumularon un alza del 16,3%, y en la comparación interanual la subida alcanzó el 52%.

Conocidas las malas noticias y con la clara intención de mostrar proactividad frente a números que preocupan cada vez más en la Casa Rosada en este año electoral, el equipo económico salió apresurado a comunicar acuerdos con el sector privado que aún no estaban consensuados con las empresas, muchas de las cuales se enteraron a través de los medios.

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“El Gobierno Nacional lanza medidas para contener la suba de precios”, dice el texto del comunicado difundido a las 15.48 horas (casi diez minutos antes de la publicación oficial que daba a conocer la inflación del 4,8% de marzo) del jueves pasado. Además de medidas focalizadas en intentar controlar el precio de la carne -la exportación, en rigor- para forzar un acuerdo para todo el año de Carne para Todos, el equipo económico difundió tres acuerdos de precios vinculados a la industria.

“Se firma un acuerdo con los principales proveedores de insumos industriales de uso difundido y de la construcción a los fines de sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año, con cláusula de revisión trimestral. Este acuerdo incluye a los sectores productores de insumos textiles, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón y vidrio y cemento”, detalló la información oficial.

Desde el sector empresario sólo atinaron a confirmar la información: “Hay conversaciones en ese sentido, no hay nada cerrado”, afirmó un directivo de una de esas empresas. “No hay nada concreto, nada definido”, se excusó otro empresario. Pese a la poca información y a todo tipo de versiones, finalmente el Gobierno comenzó a convocar a los distintos dirigentes empresarios para iniciar el diálogo sobre un posible acuerdo de precios.

“Parece que hubo contacto con algunas empresas. Todo después del comunicado del jueves”, confesó enojado un empresario del sector. “Se firma un acuerdo de precios con los principales fabricantes y cadenas de comercialización de productos de electrónica y electrodomésticos”, había aventurado el comunicado oficial sobre la que las empresas no tenían idea. “El acuerdo mantiene fijo los precios actuales hasta fines de octubre e incluye la estructuración de ofertas especiales de telefonía celular, TV y computadoras a precios muy accesibles, que serán comercializados a través de las plataformas electrónicas del Banco Nación y Correo Compras”, se señaló por entonces. “Esta semana se cierra todo”, confirmaron oficialmente funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo. “Está todo hablado. Faltan detalles y firmarlo. Ajustar las clavijas”, se excusaron desde la Secretaría que dirige Paula Español.

De la mano del apuro y la improvisación, sello propio y característico de este Gobierno kirchnerista, Cristina Kirchner y Alberto Fernández se empecinan en seguir con la peor de las recetas: controles, regulaciones, restricciones y nuevas mentiras.

A través de la Resolución 397/2021 publicada en el Boletín Oficial el Gobierno argentino puso en funcionamiento el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, el cual fue creado en 2015, antes de que Cristina Kirchner dejara el poder, pero que hasta el momento nunca había iniciado sus actividades.

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El organismo quedó a cargo de Georgina Pessagno, actual jefa de Gabinete de la Secretaría de Comercio Interior, quien “tendrá a su cargo la supervisión, coordinación y dirección técnica de las tareas encomendadas” de esta nueva entidad. Al mismo tiempo, el Gobierno argentino también acaba de oficializar un nuevo “registro” necesario para exportar carne.

A pocos días de la amenaza del cierre de las exportaciones, el ministerio de Agricultura obliga al sector a registrarse con una “Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne”, cuya nueva y odiosa sigla es “DJEC”.
Mediante esta nueva intromisión, el Gobierno busca controlar la supuesta subfacturación y asegurarse que se cumpla al pie de la letra el “acuerdo de precios”.

Con una inflación del 4,8 % de marzo, los números son una clara evidencia de la grave situación que afronta el país. Si comparamos a la Argentina con otros países vecinos, el mes pasado la inflación de Colombia fue de 1,1 %. Brasil arrojó un negativo de 0,2 %, Chile terminó el mes con -0,4 % y Bolivia con -0,1 %. Uruguay mostró un 0,5 %, Perú 0,8 %, lo mismo que México.

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