Por Oriana Rivas – Panampost.com
Así, sin ningún tipo de vergüenza, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel aseguró ante representantes de la iglesia católica que en la isla «no hay presos políticos». No solo eso, también aseveró que hay “personas que pueden manifestarse libremente” y no estar contra el régimen.
Afirmaciones temerarias del dictador, quien dándole continuidad al modelo castrista, permitió al menos 1130 “acciones represivas” solo noviembre contra activistas, disidentes, periodistas o artistas según el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos (OCDH).
En este sentido, Díaz-Canel se refirió a los arrestos durante las protestas que iniciaron el pasado 11 de julio. A su juicio, no quedaron tras las rejas por oponerse a su mandato, sino porque «sencillamente cometieron delitos contra el patrimonio y el orden interior”. Las declaraciones quedaron grabadas desde el pasado 22 de noviembre, pero no fueron difundidas sino hasta el pasado 3 de diciembre, indicó Cubanet. De nuevo, culpó «al imperio», de decir, a Estados Unidos por «hechos vandálicos” ocurridos en el país.
Díaz-Canel parece olvidar que en la isla permanecen tras las rejas 14 niños por expresarse en el estallido social del 11 de julio contra su dictadura. De ellos hay 11 acusados por el supuesto delito de sedición y el resto por desacato, desorden público y atentado.
Las pruebas que desmienten al dictador
El dictador cubano negar a los presos políticos, pero la realidad y los informes de organizaciones independientes lo desmienten. Tal es el caso de Cubalex, que tanto el 11 de julio como el 15 de noviembre registró más de 1360 detenciones y desapariciones forzadas.
Los números disminuyeron entre ambas jornadas, principalmente porque con amenazas y violencia el régimen cubano impidió que los manifestantes salieran de sus casas en la marcha del 15N. Las calles lucieron casi desiertas ya que policías y colectivos armados sitiaron a los civiles o se los llevaron detenidos días antes para evitar un estallido social como el que ocurrió en julio. En aquel momento el castrismo quedó entre la espada y la pared al punto de convocar una concentración en La Habana con la presencia del alto mando, incluyendo a Raúl Castro.
Las cifras de noviembre también resultaron alarmantes. El reporte del OCDH detalló que dentro de las 1130 “acciones represivas”, 197 fueron “detenciones arbitrarias”, 14 de ellas violentas. Asimismo hubo 485 asedios a viviendas entre ellas la del dramaturgo Yunior García, quien finalmente se refugió en España.
A todo esto se le suman 182 citaciones policiales, 115 casos de amenazas y 99 hostigamientos, entre ellos los de al menos 80 activistas que sufrieron el corte del servicio de Internet o telefonía. No hay que olvidar el hecho de que una vez que están tras las rejas, muchas víctimas son sometidas a juicios sumarios. Sin la posibilidad de contar con abogado, fiscal ni testigos. Anyelo Troya, de 25 años de edad, cineasta y productor del video de «Patria y Vida» es prueba de ello, tras ser condenado arbitrariamente a un año de cárcel.
Los números que desmienten al dictador
«Al igual que las desapariciones forzadas, la tortura no es una práctica en Cuba», declaró en julio el coronel Víctor Álvarez, ministro cubano del Interior. Es el mismo discurso esgrimido por su superior.
Desestimó las listas elaboradas de forma independiente sobre presos políticos mientras que el fiscal José Luis Reyes afirmó que todas las personas detenidas para esa fecha estarían en capacidad de nombrar un abogado. Argumentos inválidos luego de conocerse los casos de abusos y arrestos violentos.
Pero el 11 de julio y el 15 de noviembre no son las únicas fechas a tener en cuenta para llevar un registro de la atroz violación de derechos fundamentales en Cuba. Detener o ejecutar disidentes era una práctica común cuando Fidel Castro ocupaba la presidencia, sucedido posteriormente por su hermano Raúl. Para 2010 se calculaba que la dictadura había fusilado a 3116 personas, con otras 1166 ejecutadas extrajudicialmente, según la organización Archivo Cuba, con sede en Miami.
Aunque los últimos fusilamientos registrados ocurrieron en 2013, el legado de detenciones arbitrarias permanece, por más que Díaz-Canel lo niegue.
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