Traducido de LifeSiteNews.com por TierraPura.org
Cinco ex miembros del personal de alto nivel de un periódico de Hong Kong, junto con el ex director general de su empresa matriz, se declararon culpables el lunes de los cargos de colusión por supuestamente conspirar con el editor católico pro-democracia Jimmy Lai, quien fue condenado por lo que el Departamento de Estado de EE.UU. llamó “cargos de fraude espurio” el mes pasado por el Partido Comunista Chino (PCCh).
La noticia llega después de que Pekín, controlado por el PCCh, aplicara su polémica Ley de Seguridad Nacional (NSL) sobre el antiguo territorio británico de Hong Kong en junio de 2020. Los críticos advirtieron inmediatamente que la ley conduciría a la erosión de la libertad de expresión y los valores democráticos en Hong Kong en favor del totalitarismo del PCCh.
Desde su imposición, la NSL ha otorgado a las autoridades de China un amplio poder para supervisar e interpretar la ley, permitiéndoles sustituir e incluso anular la propia legislación de Hong Kong. Según la BBC, “cientos de manifestantes, activistas y ex legisladores de la oposición han sido detenidos desde la entrada en vigor de la ley”.
El lunes, el Hong Kong Free Press informó de que cinco antiguos miembros del personal de Apple Daily, un medio de comunicación de Hong Kong favorable a la democracia, así como el director general de su empresa matriz Next Digital se declararon culpables tras ser acusados de “conspiración para cometer una colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional”. La acusación conlleva la posibilidad de cadena perpetua.
Los cargos se remontan a la colaboración de los antiguos miembros del personal con el fundador del Apple Daily y editor pro-democracia católica Jimmy Lai, de 74 años, que fue detenido en diciembre de 2020 por supuestas violaciones de la NSL antes de ser liberado bajo fianza. Posteriormente fue condenado por fraude a finales de octubre de este año. La sentencia por fraude fue condenada inmediatamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, 16 senadores estadounidenses y el Comité Internacional para la Protección de los Periodistas.
El 26 de octubre, el Departamento de Estado afirmó estar “profundamente preocupado por el deterioro de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el desmantelamiento sistemático de la autonomía de Hong Kong en virtud de la Ley de Seguridad Nacional (NSL)”, incluyendo los “crecientes esfuerzos de China por utilizar la NSL para suprimir los medios de comunicación independientes, silenciar las opiniones disidentes y reprimir la libertad de expresión”.
Según Hong Kong Free Press, los fiscales en el caso contra los seis ex miembros del personal de alto nivel de Apple Daily y Next Media afirman que Apple Daily había publicado “contenido que pretendía ser artículos de noticias”, incluyendo 161 piezas de “contenido impugnado” desde el 1 de abril de 2019, que dijeron que habían sido elaboradas para “influir en la opinión pública.”
El medio informó que Apple Daily supuestamente hizo “declaraciones sediciosas contra el gobierno central y el de Hong Kong y llamó al público a participar en protestas”, según la fiscalía.
Los seis hombres se encuentran en prisión preventiva desde el año pasado y está previsto que sean condenados tras el juicio de Lai, que comenzará el jueves. Lai ha sido acusado de tres delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional relacionados con su supuesta “connivencia con fuerzas extranjeras”, así como de una supuesta violación de la legislación sobre sedición de Hong Kong, que se remonta al gobierno colonial de la ciudad, informó el medio.
Los fiscales dicen que algunos de los antiguos funcionarios de alto nivel testificarán contra Lai en el tribunal.
El experto en China Steven Mosher, presidente del Population Research Institute (PRI), criticó la NSL y el castigo a los miembros de los medios de comunicación pro-democracia en un correo electrónico enviado el martes a LifeSiteNews.
“La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong está redactada de forma tan amplia, y es tan draconiana en sus castigos, que está claro que su verdadero propósito es aterrorizar a la gente de esa ciudad, antaño grandiosa, para que guarde silencio”, dijo Mosher. “No tengo ninguna duda de que los fiscales corruptos del caso amenazaron a los acusados con la cadena perpetua si no se declaraban culpables. Como el tribunal los habría declarado culpables en cualquier caso, esencialmente aceptaron un acuerdo de culpabilidad para obtener una sentencia más corta.”
“Este caso, y el de Jimmy Lai, marcan el fin definitivo del Estado de Derecho que los británicos dejaron en vigor durante la entrega de 1997”, continuó Mosher. “Los habitantes de Hong Kong viven ahora bajo la misma dictadura brutal de un solo partido que sus primos del otro lado de la frontera han soportado durante más de 70 años”.
Las medidas para procesar a los miembros de los medios de comunicación pro-democráticos de Hong Kong se producen después de que Apple Daily publicara su última publicación en junio de 2021, justo después de que los agentes de policía ejecutaran una redada en su sala de redacción y detuvieran a altos ejecutivos, informó el Hong Kong Free Press.
Según el medio, la redada de junio supuso la segunda vez en 10 meses que la policía registraba la redacción, pero la primera vez que “las autoridades citaron los artículos del medio como potencialmente violadores de la ley de seguridad nacional”.
Entre las personas que han sido víctimas de la ley antidemocrática china se encuentra el cardenal Joseph Zen, antiguo obispo católico de Hong Kong.
Zen fue arrestado a principios de este año por la presunta violación de la NSL en relación con la creación del ya desaparecido Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que ofrecía asistencia legal y financiera a los activistas pro-democracia, informó LifeSiteNews.
El cardenal se ha declarado inocente de los cargos presentados contra él.
En mayo, el cardenal Charles Bo, de Yangon (Myanmar), criticó a las autoridades de Hong Kong dirigidas por Pekín por abandonar “la libertad y la justicia” y convertir “una de las ciudades más libres y abiertas de Asia en un estado policial”.
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