Por Oriana Rivas
Alena Douhan, relatora especial de ONU, parece ajena a lo que pasa en Venezuela. Su visita de 12 días le hizo hacer creer que las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro son las responsables de «exacerbar la crisis» y de impactar negativamente en el disfrute de los derechos humanos.
Douhan dio su balance ante la prensa con una narrativa muy similar al discurso de la dictadura. Enumeró la lista de las deficiencias que atraviesan los venezolanos, mencionó la migración forzada, el deterioro de los servicios públicos, la hiperinflación y la escasez de gasolina, pero su conclusión no fue más allá de las sanciones.
Si vemos las similitudes, Maduro también reconoce que el país tiene problemas. En su balance anual admitió que la dolarización se convirtió en una «válvula de escape», que la producción nacional está por el piso y que la producción de petróleo ha ido en caída. El culpable de todo esto: Estados Unidos.
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La funcionaria de la ONU también mencionó a la Unión Europea como responsable del empeoramiento de la crisis. Su balance fue sorprendentemente el mismo del régimen.
El robo del chavismo
La funcionaria —con un cargo bastante largo para recordar— dijo que los activos del Banco Central de Venezuela (BCV) y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».
Douhan evadió hablarle directamente a Maduro y su Gabinete. Podría recordarles el dinero —del Estado— que han conseguido a costa de los recursos de los venezolanos y que ha sido descubierto en casos de corrupción y en cuentas bancarias en el exterior. Por esas razones fue que Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, impuso las sanciones.
Las medidas impuestas a Maduro buscan evitar que él, sus ministros y funcionarios se sigan llenando los bolsillos a través de las operaciones petroleras, minería ilegal y otras operaciones que pudieran servir para financiarse, permitiendo actividades criminales y la violación continua a los derechos humanos.
«Ese deterioro no ha sido provocado ni por sanciones, ni por nada de lo que dice el régimen. Ha sido provocado por la ineptitud del Gobierno venezolano para mantener los servicios básicos en buenas condiciones». La aclaración, hecha en diciembre del año pasado, es de la abogada penalista y especialista en derechos humanos, Tamara Sujú.
Ignorando la realidad
Como funcionaria de la ONU, la enviada tiene la función de velar por los derechos humanos. Sin embargo, parece que quedaron atrás las advertencias de numerosos organismos y organizaciones que han investigado la crisis durante años.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe a finales del año pasado en el que revela cómo bajo la dictadura de Nicolás Maduro han aumentado los crímenes de lesa humanidad.
El informe detalla cifras de asesinatos por fuerzas de seguridad del Estado, detenciones arbitrarias, casos de desnutrición infantil y pare de contar.
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«En la medida en que el régimen de Maduro consiga mantenerse en el poder, continuarán los sufrimientos de la atormentada población venezolana y habrá que seguir lamentando incontables pérdidas de vidas», se lee en el informe.
La Haya también observa de cerca. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió un nuevo balance sobre su informe ‘Venezuela I’ «La Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017», señala el documento del máximo tribunal penal internacional.
No se pueden pasar por alto las denuncias de torturas a presos políticos por parte del régimen. Otra grave violación a los derechos humanos. Con métodos espeluznantes y crueles.
Las reacciones
No se hicieron esperar las reacciones frente al insólito balance de la relatora especial. El rechazo fue contundente por parte de actores políticos y analistas. «El régimen está buscando, como sea, tener legitimidad internacional. Hoy, la relatora especial de la ONU, de visita en Venezuela , Alena Douhan, se la ha dado. Carta blanca para la impunidad», escribió Pedro Urruchurtu, politógo y vicepresidente de la Red Liberal de América Latina (RELIAL).
Las redes sociales se han llenado de indignación con la etiqueta #ALaRelatoraONULeDigo, ante el balance de la funcionaria de la ONU que parece velar por los intereses del chavismo y no por los derechos de los venezolanos.
Fuente: panampost.com
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